El baratillo de propuestas hechas por algunos asambleístas de la Comisión de lo Económico no cesa de sorprender por su superficialidad y total desconocimiento de cómo funciona una economía o una sociedad. Todos somos más pobres por causa del descalabro fiscal y la pandemia, y no hay medida que componga por arte de magia una situación marcada por la alarmante realidad: cada día de la cuarentena (¡que algunos sugieren que sea ochentena!) la economía pierde, en promedio, $ 150 millones o, hasta esta fecha, $6. 000 millones. A este paso, llegado el final de mayo, las pérdidas económicas harán que el PIB descienda más allá de un 12 %. 

Es el camino de la iliquidez a la insolvencia y es también el momento de pescar a río revuelto. El populismo económico se hace presente en la cabeza de calenturientos legisladores que proponen, sin importar que sea inconstitucional, crear gravámenes a la propiedad o al patrimonio cuando ello no está contemplado en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Es la misma actitud de quienes sienten antipatía hacia la educación privada y proponen la rebaja de los aranceles cobrados por las universidades, como si de la compraventa de baratijas o de negocios entre mercachifles se tratase. 

A este tema paso a referirme. 

La educación tiene una estructura de costos en la cual prima el pago a los docentes y a los empleados y trabajadores. Es, en otras palabras, una actividad que, aun en tiempos del internet y de la inteligencia artificial, requiere del uso intensivo de mano de obra calificada. Es una falacia argumentar que la educación a distancia es de menor calidad o más barata, y, como discípulo de esta, puedo valorar los cursos y conferencias en las materias que me interesan, dictadas por profesores de mis antiguas universidades y de programas a distancia. Las plataformas y servicios de internet no son gratuitos y demandan, aunque suene paradójico, mayor preparación y calificación por parte de los profesores, lo que se traduce en costos adicionales. 

Poner controles de precios a la educación superior y regular las actividades y programas de los colegios aumentará el estrés colectivo que está hoy llevado al límite. Los educadores y los educandos podrían ver sus vidas y aspiraciones truncadas. No resolverá ningún problema económico. Cada colegio y universidad, dentro de sus capacidades individuales, deberá hallar la forma de lidiar con su circunstancia. Obligadas que fueren las universidades a hacer rebajas, deberán compensar sus pérdidas cancelando las becas, ajustando las condiciones de pago, reduciendo masivamente el número de educandos, empleados y proveedores, y limitando o terminando su oferta académica. Se podrá llegar a afectar directa e indirectamente a casi un millón de personas. 

La docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad conforman la tríada de actividades que configuran una misión, esa sí estratégica y noble, de las universidades en beneficio de la sociedad. Ecuador no requiere del manoseo de legisladores que, desesperados por seguir en el mundo de la política y las influencias, o instigados por sus propios demonios, atenten contra el bien público y el interés nacional.