En tiempos de elecciones, el populismo aflora. Esta semana se manifestó en un proyecto de ley denominado de Renta Básica Universal (RBU). La propuesta fue acogida entusiastamente en un tuit de Marcela Aguiñaga, cuyo texto reza que “no es un bono, no se materializa, no se transfiere; es dinero electrónico que se mantiene en el celular para pagar canasta y servicios básicos. Se financiará a través de la política monetaria, por un circuito de producción donde el dinero regresa a las cuentas del Banco Central”.

No sé si por ingenuidad o malicia, los proponentes, economistas heterodoxos, argumentan que la propuesta no causa efectos fiscales pues, tal cual lo afirman, se maneja a través de la política monetaria y su efecto es la estimulación del consumo. Se trata de una oferta generosa que le permite al beneficiario conservar el empleo al tiempo que recibe una renta equivalente al sueldo básico vigente de $400 mensuales. En su primera fase cubriría a un millón de personas, a un costo anual de alrededor de $ 5.000 millones, contabilizados en un dinero que no es dinero. Si el objetivo es alcanzar al 30 % de la población que está en condición de pobreza, serán cinco millones de personas a un costo eventual de $ 25.000 millones, esto es, otro presupuesto del Estado.

La brujería de la propuesta radica en el “circuito de producción” o cadena de valor. Es el mecanismo por el cual los beneficiarios de la RBU hacen sus compras de alimentos en tiendas de barrio; los tenderos a su vez utilizan los medios de pago electrónicos para pagar a sus proveedores, y ellos a los fabricantes e importadores, quienes podrán cubrir sus obligaciones con el Estado. Se crea fuentes de financiamiento sin tomarse el trabajo de explicar de qué fuentes se trata ni quién va a proveer los fondos.

Sí aparecen, no obstante, las prebendas burocráticas que dominan la vocación de gente que no tiene nada mejor que hacer que crear cotos de poder. El Banco Central no tiene la capacidad financiera para ejecutar un programa a fondo perdido pues el “circuito de producción” no le devuelve el dinero. En un desliz fatal, el eslabón final en la cadena de valor (el fabricante o importador) utilizará sus saldos de dinero electrónico como crédito tributario, lo que causará efecto fiscal por varios miles de millones de dólares (esos sí reales). La propuesta deja de lado la primera lección de Economía, cual es la de que “no existe almuerzo gratis”. El Banco Central no está legalmente capacitado para emitir dólares y tendría que contar con los activos de contraparte para activar las cuentas de débito. Las cifras propuestas son de tal magnitud que sobrepasan el gasto en Educación y Salud juntos. En cuanto a la cadena de valor, cualquier tendero, proveedor, fabricante o importador tendrá serios reparos en recibir un medio de pago que no es fungible pues tiene un solo propósito, el de comprar y vender los alimentos o recibir el pago por los servicios.

El objetivo de los heterodoxos, seamos claros, es, con subterfugios y magia negra, desmantelar la dolarización para volver a la maquinita de hacer billetes, o mejor dicho billuzos. Para los ecuatorianos esa es una propuesta que no tiene presente, menos futuro.