Las propuestas del candidato correísta y el mantenimiento de la dolarización son incompatibles.

El régimen dolarizado demanda una política fiscal que lo fortalezca y que permita que la producción, y no el gasto público, marque la recuperación económica.

La situación actual es estresante. Luego de atender con prioridad casi exclusiva el pago de la deuda para refinanciar los bonos, la caja fiscal no tiene cómo cubrir los costos de la lucha contra la pandemia o para invertir más allá del 3% de los recursos del presupuesto (cuando debiera ser del orden del 25 a 30 % si se tuviese una política fiscal robusta).

La brecha financiera bruta para este año supera los $ 12.000 millones (más de una tercera parte del PGE) y, en el próximo cuatrienio, el gobierno deberá servir $ 42.000 millones de deuda pública.

No hay acceso viable a créditos que no provengan de los organismos multilaterales. China tiene otras prioridades y está cómoda con los términos y condiciones pactados que le son enteramente favorables.

Las obligaciones internas y externas siguen creciendo y superan el 70 % del PIB; los mercados internacionales de capital le están cerrados al Ecuador, cuyo índice de riesgo país supera 1.200 con tendencia al alza.

El gobierno de Correa experimentó con 33 reformas tributarias y acumuló obligaciones cercanas a los $ 60.000 millones.

Los contribuyentes que sostienen directamente al Estado son el 10 % de la población y, con la economía en caída libre, las recaudaciones están 25 % por debajo de lo programado debido al sofocamiento del comercio y a la baja substancial en las ventas de la industria y la construcción. Hay deflación de precios por falta de demanda.

Para contrarrestar el problema, Arauz propone extraer la mayor parte del saldo en los depósitos en el Banco Central para regarlos y estimular el consumo. Aparte de ser una política insustentable, el hecho es que los dineros tienen dueños que incluyen a los afiliados a la seguridad social; a las mismas instituciones del gobierno central, de las prefecturas y los municipios (que serían pagados con sus propios recursos); a las empresas públicas y a los depositantes de la banca.

Arauz beneficiaría a quienes les compró el voto con su retórica populista; el resto recibiría papeles y la promesa de dinero electrónico sin respaldo.

Si el descalce entre los saldos del público y de los depósitos disponibles en el Central es de dos a uno, sustraer el 35 % de lo que queda es un acto de irresponsabilidad con el potencial para crear pánico financiero.

Arauz cerraría la economía cuando la solución es la apertura y la liberación de la producción. Se invertiría el orden de la actividad económica, anteponiendo el consumo a la producción, a la inversión y al ahorro. Terminado el primer impulso, propondría más impuestos, incluyendo al patrimonio bruto, el incremento del IVA y, según rumores no negados, la quintuplicación del impuesto a la salida de capitales y recargos a las importaciones. Será un nuevo golpe bajo a la creación de empleo y la economía seguirá en caída libre.

¿Es esta la manera de manejar la dolarización? La respuesta corta es que terminaríamos adoptando el modelo venezolano: así de simple.