Cuando siendo estudiante de Medicina empecé a interesarme por lo médico-social, en una de esas tardes de biblioteca en el querido Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, me encontré con una edición del Código de Salud de entonces. Abría con un aforismo que no olvidé jamás y que trato de cultivar como eje de mi visión de lo que es la política: La salud del pueblo es la suprema ley.

Ahora, en tiempo de los virus que generan enfermedad y muerte, pregunto: ¿estará preparado el Ecuador y lo que le queda del esfuerzo por constituir un Sistema Nacional de Salud para brindar la atención que es obligación del Estado garantizar a los ciudadanos que en él habitan, cuando la curva ascendente de los infectados por el coronavirus esté alcanzando sus más altas cifras?

Por más torpe o vanidoso que fuese un observador la respuesta es no. El Ecuador no está preparado para tal contingencia y como no es tal contingencia sino certeza plena, a la luz de las cosas que están ocurriendo a lo largo del planeta, la lógica consecuente con la buena gestión pública es proceder a prepararse para ello.

¿Cuenta el país con los recursos económicos requeridos para adquirir el equipamiento necesario? Tampoco. La pandemia nos ha tomado en plena crisis económica, con pérdida de mercados y un nivel de riesgo país, histórico.

Sin querer actuar como los tramposos, la República no tiene cómo honrar los requerimientos del servicio de la deuda tal cual están planteados. Tiene que solicitar una renegociación que incremente plazos y disminuya costos. Mientras más pronto se proceda en consecuencia, mejor será la posibilidad de obtener el logro deseado, aunque los tenedores de bonos de la deuda piensen que se los está perjudicando. Sus pérdidas serán transitorias y recuperables.

Las que afectarían al país serían irreversibles. No quiero ni imaginar un país con su sistema de salud colapsado, sin control sobre una patología que bien podría someterse pronto con medidas adecuadas. Dejo la inquietud planteada al más amplio debate entre médicos, economistas, autoridades, ciudadanos. El tema es de todos.