¿Muerte cruzada?

Avatar del Francisco Huerta

'Es querer tomarle el pelo al país hablar de “muerte cruzada” en estos días’.

Es una pérdida de tiempo, para no calificarla de otra manera, cualquier propuesta de plantear el tema de una “muerte cruzada”. Lo que debe hacerse en el Ecuador de estos días es una cruzada contra la muerte. En efecto, más allá de la metáfora, es necesario tener una fuerza visible que lidere la acción contra la Covid-19.

Ahora, la dispersión es evidente en el COE, que parece más Comité Olímpico Ecuatoriano que otra cosa, por las posturas que adoptan sus integrantes. Todos mandan y por consiguiente no manda nadie, y se continúa sin definir cuestiones elementales, peor todavía se toman acciones que brindarían elementos clave en la lucha contra la pandemia. Así, hasta ahora no se sabe nada sobre autopsias y es posible que ello ocurra porque no se ha realizado ninguna, perdiendo la oportunidad de conocer más a fondo las causas de las muertes. A propósito, ¿tenemos un equipo de investigación que esté vigilando de cerca la pandemia buscando establecer sus características, ya que se trata de una patología que recién ha hecho su arribo en el Ecuador? Entiendo que tampoco.

Debería existir una comisión de investigaciones integrada por los profesionales más valiosos del área, puesto que esta podría aportar con importantes conclusiones para, al menos, controlarla.

Por el estilo, ojalá tuviésemos un espíritu de cruzadas olvidando las tradicionales manipulaciones políticas que quieren hacer del coronavirus un alcahuete de la corrupción, e impúdicamente han querido aprovechar estos días duros y tristes para llenar los bolsillos particulares en perjuicio del interés de todos, y por supuesto, hasta el día en que escribo el presente cañonazo, con absoluta impunidad.

Es común escuchar en el Ecuador que el país será otro después del coronavirus. Digo yo que el Ecuador tiene que ser otro desde ahora. Cero tolerancia a la injusticia, provenga de donde provenga: del más alto nivel político o del más humilde de los ciudadanos. Simplemente no se la puede tolerar en nombre del bien común, que debe ser lo que determine la acción gubernamental y el comportamiento ciudadano.