A raíz de las muertes violentas sucedidas en los centros carcelarios, en donde la reacción es de búsqueda de explicación y en el mejor de los casos, de lamento, está haciendo falta la decisión judicial y ciudadana. El tema no se soluciona con estados de excepción.

A mediados de este mes, el organismo de control administrativo de los funcionarios judiciales salía a informar que desde el 2019 ya se estaba trabajando. Sí, dieron fe del funcionamiento de las llamadas Unidades Judiciales Especializadas de Garantías Penitenciarias, expresando asimismo, que estaba en ejecución el Plan de Fortalecimiento de tales garantías. Y me pregunto: ¿cómo si íbamos tan bien, estamos tan mal? Y es que hablar de la ejecución de un plan y trabajo arduo no luce apropiado cuando la realidad muestra que de 128 jueces penales y que tienen tal competencia, 11 son los especializados en garantías penitenciarias.

La dignidad humana, con el derecho a la vida que responda a ese concepto, no puede ser entendida como objeto que admita visiones múltiples a la hora de administrar justicia o de gobernar; ni somos partidarios de la idea de aplicar diversas velocidades en la protección de manera proporcional a las conductas de los individuos.

Mientras tanto el Consejo de la Judicatura reconoció -al menos en su fuero interno- que algo, mucho o todo, no estaba funcionando, a pesar de que refirió que la necesidad era de tipo emergente días atrás, por lo que tomó la decisión de fortalecer el Servicio Judicial de Garantías Penitenciarias y entre las medidas ordenadas hace menos de una semana está el dar, incluso a jueces de Tránsito de algunas ciudades que mantienen rezago en el despacho de tal tipo de protección, facultades como jueces de Garantías Penitenciarias, mientras dure la situación que marca la emergencia. ¿Cuántos muertos han sido necesarios para que se tome -ahora sí, parece- en serio el tema de las garantías penitenciarias? El mismo Consejo de la Judicatura parte de darnos a conocer las cifras de hacinamiento, problemática que a su criterio, y el mío, es la causa fundamental de la crisis carcelaria.