No quedan dudas. La década infame se financió con dinero robado al país. En efecto, una alianza político-delincuencial asaltó las arcas nacionales, utilizando jugosos contratos para obras públicas, necesarias o no, con enormes sobreprecios que luego fueron devueltos en el financiamiento doloso de victoriosas campañas políticas que permitieron, sembrando miedo y manipulando las cortes de justicia, garantizarse impunidad.

Lamentablemente, y para vergüenza del país, al proceso judicial del denominado caso Sobornos, se lo ha pretendido someter a cínicas maniobras dilatorias y argumentaciones falaces que, por poco santifican a los delincuentes catalogándolos como perseguidos políticos.

Yo no deseo, ni remotamente, interferir en las decisiones judiciales, peor todavía permitirme calificar como delincuentes a quienes no se ha probado que lo son pero, el cúmulo de situaciones ya definidas y las amplias sospechas sobre otras, aún no del todo dilucidadas, me permiten las aseveraciones antes señaladas.

Cabe, cuando los organismos de control manifiestan una inquietante laxitud en su toma de decisiones, escudándose en la necesidad, respetable, de no violentar el debido proceso, que las organizaciones de la sociedad civil dejen oír su voz en ánimo de generar una reacción ciudadana cónsona con la anómala situación que se vive y que es intolerable.

Es obvio que quienes se enriquecieron con dinero del Estado cuentan ahora con recursos suficientes para financiar eficientes defensas y también para sus próximas campañas electorales. Por ello mismo, es imperativo evidenciar sus mañoserías ante la opinión nacional, de modo que no quede lugar a dudas respecto a su censurable comportamiento.

Sería el colmo que por ingenuidad o ignorancia elijamos ladrones que, en las elecciones por venir, deben estar plenamente identificados como tales, de modo que no volvamos a equivocarnos.

El futuro del Ecuador requiere rigor en las actuaciones de los administradores de justicia, so pena de entregar la conducción de la República en las peores manos. Para ello, la voz de los ciudadanos es imprescindible.