La pandemia ha desnudado las debilidades del sector salud. Aunque consta como constituido en el texto constitucional, es evidente la inexistencia de un Sistema Nacional de Salud. Hacia su construcción, iniciada tiempo atrás, pero desvirtuada en la década infame, hay que avanzar sostenidamente, entendiendo que hacerlo no será el resultado de un decreto voluntarista, si no el producto de un proceso durante el cual se cuente con una concertación nacional apoyándolo.

Por supuesto, solo desde la salud no se puede reformar la salud. Se requiere el marco de un proyecto político que le otorgue prioridad al cuidado de la gente. Que propicie la visión salud-derecho y no salud-mercancía.

El marco de las próximas elecciones hace propicio el poder intentar construirlo. La reciente Cumbre, reunida en homenaje a los 200 años de la Independencia de Guayaquil, ha servido para evidenciar que se cuenta, en función de ese propósito, con distinguidos salubristas, formados en algunas prestigiosas universidades. Tenerlos juntos durante dos días seguidos, intercambiando con una veintena de especialistas altamente calificados traídos al Ecuador, vía Zoom, resultó esperanzador.

No es un despropósito fuera de alcance conseguir los indicadores de salud de Costa Rica o de Uruguay, pequeños países en los que la voluntad de sus gobiernos de priorizar la atención de lo humano les ha permitido enfrentar con éxito a la COVID-19 y mantener indicadores cercanos a los de países desarrollados.

Nosotros, que partimos desde la Colonia con las ideas luminosas de Eugenio Espejo, deberíamos de ser una pequeña potencia respecto al cuidado de la salud de la gente.

Que todavía no lo seamos debe ser el incentivo para alcanzar un Acuerdo Nacional por la Salud que permita avanzar, superando la visión hospitalocéntrica predominante.

Por supuesto, una clave es organizar a la población alrededor de los temas sanitarios, otorgándole cultura de salud, valorizándola. Pueblo sano, pueblo productivo, decíamos hace ya casi cuarenta años. El lema sigue siendo válido. No hay dicotomía entre salud y economía.