Las Peñas en riesgo
Se ha hecho pública la denuncia contra la edificación de un hotel ubicado hacia la acera este que habría obtenido permiso municipal
El 24 de julio de 1973 el barrio Las Peñas fue declarado Monumento Histórico de Guayaquil. En la ordenanza del 28 de julio de ese año se establecía que el Concejo Cantonal “propenderá a la defensa del patrimonio artístico histórico representado en el Barrio Las Peñas, estimulando y favoreciendo su restauración, conservación y mejora”. En el artículo 13 se ordenaba que “La altura de los edificios de las casas a repararse o reedificarse, en la acera este, se mantendrán dentro de los límites de altura o volado de las edificaciones de la clase A de la misma acera”, esto es no más de dos plantas por encima del nivel de la calle.
El 23 de julio de 1982, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural declaró bien patrimonial del país a “la calle Numa Pompilio Llona del Barrio Las Peñas, sector aledaño integrado por la Plaza Colón y su entorno” y, como área de respeto e influencia a “los cerros del Carmen y Santa Ana”. En el artículo 3 se indicaba que estas zonas “estarán amparadas además, por la correspondiente Ordenanza Municipal de Protección que se expedirá con el asesoramiento y visto bueno del Instituto de Patrimonio Cultural”.
Hoy, a medio siglo de que se reconocieran los valores patrimoniales de Las Peñas, nuevamente se encuentra en riesgo.
Se ha hecho pública la denuncia contra la edificación de un hotel ubicado hacia la acera este, que habría obtenido permiso municipal y autorización del INPC a pesar de que estaría incumpliendo lo establecido en la ordenanza municipal y en las más importantes cartas internacionales de protección del patrimonio edificado, que, si bien permiten la inserción de nuevas arquitecturas en lugares patrimoniales, las regulan de manera que no lo afecten.
Urge una respuesta de estos dos organismos públicos sobre si se estarían respetando o no los principios de protección del barrio más emblemático de Guayaquil y, sobre todo, ya es momento de que la nueva administración de la Municipalidad de Guayaquil asuma la competencia sobre el manejo patrimonial de la ciudad, algo a lo que las administraciones anteriores, de manera inexplicable, se negaron.
