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Ajuste de cuentas

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Pero la justicia nacional ha hecho oídos sordos ante tal pretensión al iniciar ya los procedimientos judiciales, levantando expedientes contra los que destruyeron todo a su paso’.

Sin embargo de que el presidente Guillermo Lasso, sin pelos en la lengua, denunciara ante el país a mediados de la semana pasada que la marcha indígena, que supuestamente se iniciara como pacífica y con protestas legítimas, tuvo también intenciones políticas subversivas de inspiración correísta y que fue financiada con varios millones de dólares por la narcocracia, sigue funcionando el tamaño de las diez mesas “técnicas” que se llevan a efecto integradas por el Gobierno nacional y la parte protestante.

Pero como “el que la hace la paga”, según reza un viejo adagio que parece legitimar la sentencia para los culpables, ha llegado el momento de ser usada por el poder Judicial ecuatorianos para que “los revoltosos de junio” paguen en efectivo o con la pérdida de su libertad por lo que destruyeron a su paso por las ciudades y carreteras al darse la marcha que tenía como destino final Quito.

Las mesas en cuestión se instalaron luego de que se firmara el acuerdo de paz que acabó con la fatigosa movilización, ante la gran satisfacción de los ecuatorianos, que tuvieron que sufrir cerca de tres semanas de paralización y terrorismo, lo cual encareció el costo de la vida debido a que las vías fueron cerradas, lo que originó también escasez de combustible que impidió las comunicaciones interprovinciales, mientras miles de familias esperaban sin poder adquirir las bombonas de gas licuado que se usan para cocinar.

Una de las exigencias de los dirigentes indígenas que también tendrá que decidirse en las mesas técnicas que se encuentran, asimismo, bajo la bendición e intermediación de los prelados católicos que surgieron como por milagro de sus iglesias para lograr la paz, es que nadie, lo que es nadie, tenga que pagar los platos rotos y se imponga, por ende, la impunidad.

Pero la justicia nacional ha hecho oídos sordos ante tal pretensión al iniciar ya los procedimientos judiciales, levantando expedientes contra los que destruyeron todo a su paso, en una movilización que le costó al país varios millones de dólares, lo que no es pelo de rana, como vulgarmente se dice.