Es económico y es urgente

Si tenemos un billete de 100 dólares y nos encomiendan ir a pagar una lista que diga: $ 21 para el que arregla la calle, $ 60 para el que trabaja en la casa, $ 13 para el pago de servicios básicos, $ 16 para los intereses de la deuda, $ 11 para los ahorros de la jubilación y finalmente $ 8 para una justa causa de apoyo a los más débiles, la respuesta rápida es que no nos alcanza para todos los pagos y se debe acortar la lista o conseguir más plata.

Lo mismo ocurrió con el presupuesto del Estado 2022. Los USD 15.179 millones de impuestos no fueron suficientes para entregarle el 21 % de ese monto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 60 % de los impuestos a la nómina pública, 13 % para Bienes y Servicios de Consumo, 16 % para el pago de intereses, 11 % para atender el 40 % de las jubilaciones que asume el Estado y 8 % para los diferentes bonos de ayuda social. No alcanzan los impuestos a pagar los gastos que de forma permanente debe atender el Gobierno.

La solución no adecuada ha sido pagar parte de estos gastos con petróleo y hasta con deuda pública, al tiempo de mirar para otro lado cuando se clasifica como gastos no permanentes a los recursos que se transfieren a los GAD. Mejor recaudación o recortes de gastos corrientes son parte de las soluciones verdaderas.

El año actual, la situación no es muy diferente a lo descrito, podría ser incluso algo más compleja por el aumento en nómina dispuesto por la Corte Constitucional, por el mayor peso que año a año van tomando los intereses en bonos de deuda externa que tienen tasas ascendentes, e incluso por el creciente valor de jubilaciones sobre las cuales el Estado debe “responder” por el 40 %.

Hasta mayo de este año, los impuestos recibidos en Finanzas fueron USD 6.745 millones. Hoy la recaudación es inferior a lo recaudado en el mismo período de 2019, y excluyendo los USD 275 millones que corresponden a impuestos de empresas por la pandemia, no se alcanzan los USD 6.558 millones de los primeros cinco meses del 2018. El gasto corriente en el mismo período ha crecido a buen ritmo, en especial el atribuible a jubilaciones asumidas por el Estado.

Se va tornando insostenible el equilibrio de Ingresos y Gastos Permanentes que manda la Constitución. Hasta mayo solo el Impuesto a la Renta y el IVA de importaciones superan lo recaudado en igual período en 2019.

Cualquier reforma legal de estos seis meses que vaya encaminada a la reactivación económica, a la mejora en recaudación, incluso a la generación de empleo, debería ser considerada como económica y urgente.

Será económico y urgente para el próximo Gobierno hablar de la necesidad de mejorar los ingresos tributarios sin perder la atención en la compleja tarea de reducción del gasto corriente, más aún cuando el próximo año ya no habrá el ingreso extraordinario originado en los patrimonios empresariales o personales, ni la totalidad del Impuesto a la Salida de Divisas, sumado a una economía que empieza a crecer únicamente por el empuje inercial del crecimiento poblacional, entre otras cosas por no contar con el empuje de una inversión pública que va muy por debajo de su potencial ejecución, llegando a mayo al 19 % de lo presupuestado.