Son tiempos de Proforma Presupuestaria. El Ejecutivo acaba de enviarla para su aprobación a la Asamblea Nacional. La Asamblea no podrá cambiar lo recibido a menos que sea un error muy grueso y le pida al Ejecutivo que la envíe corregida luego de la correspondiente observación. El artículo 295 de la Constitución dispone claramente que: “Las observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma”. 

En buen romance, los $ 35.536 millones (M) que totaliza la proforma enviada por el Ejecutivo se mantendrán. Y si de casualidad la Asamblea logra cambiar algo en lo que no esté de acuerdo el ministro de Finanzas, este lo puede cambiar al día siguiente mediante la “codificación” del Presupuesto. Es decir, el paso por la Asamblea es un saludo a la bandera. Muchas veces la Proforma queda aprobada por ministerio de ley con una buena lavada de manos.

El 296 de la Constitución señala que el Ejecutivo presentará semestralmente a la Asamblea Nacional un informe sobre la ejecución presupuestaria. Da la impresión que reciben el informe y se archiva directo. Si lo discutieran, otra historia tendríamos en Salud y Educación que es sobre lo que hoy comentaré.

En la Constitución del 2008 se incorporó la obligatoriedad de incrementar anualmente 0,5 % del PIB a Salud y Educación. Han pasado más de 15 años y el presupuesto devengado del año 2023 para Salud y Educación, con relación al PIB, terminó en 2,5 % y 2,8 % respectivamente. A la fecha, el gasto presupuestario en los sectores de Salud y Educación debería representar el 4 % y 6 % del PIB.

Haciendo memoria, hoy se encuentran muy cerca de donde estaban hace 15 años. Es decir, ha aumentado en dólares, pero frente al tamaño de la economía, o se ha mantenido, o incluso ha decrecido, en especial Educación.

Veamos el último año y expliquemos la ‘trampa’. En 2023 el Ministerio de Salud contó con un presupuesto aprobado de $ 3.570M (2,99 % del PIB) y terminó el año ‘devengando’ $ 2.985M (2,5 % del PIB). El Ministerio de Educación partió en $ 4.008M (3,35 % del PIB) y terminó devengando apenas $ 3.339M (2,79 % del PIB).

Cambios recientes en la ley obligan a incrementar el 0,5 % del PIB sobre la base del más alto entre el presupuesto inicial o codificado. Antes le hacían el ‘quite’ al incremento partiendo de la ejecución devengada que, al no contar con recursos, aseguraba una subejecución y sobre esa base partían para el año siguiente.

Para el presente año 2024 se ha presupuestado que el Ministerio de Salud alcance los $ 4.228M y Educación $ 4.616M. Un empate técnico a nivel de PIB (3,7 % vs. 3,8 %). Mi mejor estimación para el final del año es que terminen en $ 3.038M para Salud y $ 3.399M para Educación. Frente al PIB, los veo con los mismos porcentajes que finalizaron el año pasado, es decir 2,5 % y 2,79 %.

Estamos marchando en el mismo terreno y lo sabemos hace años. No se puede entender la conformidad de los diversos responsables y los escasos llamados a controlar el cumplimiento de normas legales por parte de la Asamblea. Nadie dice que es fácil, pero restringir una cuarta parte del presupuesto de sectores sociales críticos viene con la factura bajo el brazo.