Sin detenidos tras megaoperativo en CNEL: el caso sigue en investigación previa

Ninguna persona ha sido detenida luego del megaoperativo ejecutado en instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en siete provincias. La intervención, que el Gobierno calificó como un golpe a una “millonaria red de corrupción”, no ha derivado en audiencias de formulación de cargos ni en medidas cautelares.

Más de 24 horas después, el caso permanece en la fase de investigación previa, una etapa inicial en donde aún no se determinan responsabilidades penales ni se confirma la existencia un delito. Así confirmó la Fiscalía General a EXPRESO.

El artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal establece que en esta fase la Fiscalía reúne elementos de convicción de cargo y descargo para decidir si formula imputación. También garantiza el derecho a la defensa de losinvestigados, cuyos nombres no se han dado a conocer.

¿Qué ocurrió en el operativo?

El 28 de abril de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en oficinas de CNEL en Guayas, Azuay y Santa Elena, dentro de una investigación por presunto peculado. El despliegue contó con la presencia del presidente Daniel Noboa y de varios funcionarios del Ejecutivo, entre ellos: John Reimberg, Inés Manzano, Nathaly Morillo, José Julio Neira y otros.

También participaron el fiscal Carlos Alarcón, quien concursa para ser Fiscal General del Estado, y el comandante de la Policía. 

Versión del Ejecutivo sobre la presunta red

Autoridades del Ejecutivo señalaron la existencia de una presunta red que habría operado durante más de una década dentro de CNEL. Según esas declaraciones, el esquema incluía:

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Contradicciones sobre detenidos

El ministro John Reimberg mencionó la existencia de 50 funcionarios retenidos durante el operativo. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado detenciones con fines de formulación de cargos ni para rendir versiones. Tampoco se ha informado sobre acciones judiciales posteriores al operativo.

A diferencia de otros casos en los que la Fiscalía ha publicado detalles como las fotografías de objetos incautados, montos específicos, armas, computadoras, cuadernos, incluso los logos y nombres de casos que están en investigación previa, esa vez la entidad no ha difundido detalles sobre evidencias incautadas, personas, modalidades, etc. La institución publicó un mensaje en la red X en el que indicó que ejecutó allanamientos por un presunto delito de peculado.

Difusión de información reservada y límites legales

El hermetismo, en parte, es porque el caso está en investigación previa y tiene carácter reservado. El artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal establece sanciones de uno a tres años de privación de libertad para quien difunda información de circulación restringida, incluida la producida por la Fiscalía en esta etapa.

Este marco legal impide, en teoría, la difusión de detalles del caso mientras no exista formulación de cargos. Sin embargo, montos o modus operandi han sido divulgados por los ministros Manzano y Reimberg. Actualmente, la Fiscalía impulsa el caso León de Troya, sobre el delito de difusión de información restringida, justamente porque considera que la fase de investigación previa es una etapá delicada donde cualquier filtración puede comprometer el desarrollo de la investigación y alertar a las personas involucradas para que borren evidencias.

Parte del manejo técnico de una investigación incluye la preservación de indicios. Sobre esto el artículo 482 del Código Orgánico Integral Penal dispone que el allanamiento debe realizarse con la presencia del fiscal y la Policía Nacional. La norma señala que solo pueden ingresar personas autorizadas por la Fiscalía.

Solo en el operativo en CNEL, en la oficina de La Garzota, se registró una comitiva de más de 50 personas, entre autoridades políticas, equipos de comunicación, militares, policías y otras personas ajenas a la diligencia fiscal como el comentarista deportido Alfonso Harb, quien es parte de los comunicadores afines al gobierno.