Fausto Ortiz: Dos reglas fiscales

El manejo de las Finanzas Públicas demanda un marco normativo que tienda a mantener un ritmo de gasto sostenible, que cuente con adecuadas fuentes de ingresos “operativos” como impuestos y petróleo, además de las financieras que permiten ejecutar aquella parte que no alcanza a ser cubierta por ingresos (déficit fiscal) y que terminan incrementando la deuda pública.

Es justamente en esta área en donde se han determinado un par de reglas, una para asegurar la sostenibilidad del Presupuesto del Estado y otra para asegurar la sostenibilidad del endeudamiento público.

La regla fiscal consta en la Constitución. Señala que los gastos permanentes deben ser cubiertos por ingresos permanentes. En palabras sencillas, los gastos como sueldos, intereses y otros que ocurren siempre (permanentes) se deben cubrir con ingresos como los impuestos, que también se generan siempre. La lógica atrás de esta regla es que no se puede esperar un buen año de ingresos petroleros para ver si podremos pagar la nómina, o incluso estar esperanzados en conseguir nueva deuda para pagar otros gastos corrientes. Lo responsable es poder pagar gastos que ocurran siempre con ingresos que contaremos en el futuro.

En los últimos años el Presupuesto del Estado no ha cumplido esta regla. Ocurrió obviamente en la pandemia, año en que se perdieron más de $ 2.000 millones (M) de impuestos, pero también ocurrió en 2019, que no hubo pandemia, y lo mismo en 2021, pero se prefirió registrar como gasto de inversión una cantidad importante de nómina.

Incluso en el presupuesto del año actual, en cifras ‘codificadas’ los ingresos corrientes no alcanzan a financiar los gastos corrientes.

Hay claras señales de que las finanzas públicas se encuentran en zona de no sostenibilidad, que seguramente han logrado pasar la prueba legal debido a que la norma le permite de manera excepcional financiar salud, educación y justicia con otros ingresos que no sean permanentes.

Seguramente no nos guste, pero nos faltan ingresos como impuestos para atender los gastos. También podríamos señalar que lo que nos sobran son gastos. Cualquiera sea la óptica, no hay tiempo para mirar hacia otro lado. En algún momento la Asamblea Nacional podría querer tomar cartas en el asunto y encontrar una solución en conjunto con el Ejecutivo.

La otra regla tiene relación con el endeudamiento público. No debe superar el 40 % del PIB. En la actualidad el PIB se ubica en $ 120.000M, a rajatabla, la deuda pública no debería ser mayor a $ 48.000M. En la actualidad el endeudamiento público supera los $80.000M. El límite de endeudamiento se lo define por ley y se han hecho varias reformas. No se calcula sobre la deuda total, se la considera consolidada y solo del Sector Público no Financiero y la deuda con la Seguridad Social también se la consolida. En la actualidad el endeudamiento público consolidado que se utiliza para verificar el cumplimiento del límite totaliza $ 59.000M y representa 49 % del PIB. Supera el límite permitido, pero la ley en años recientes le trazó una ruta de reducción y un plazo para que alcance dicho 40 %. Vamos dentro de lo permitido y hay que agradecer que se puede consolidar la deuda con la Seguridad Social, aunque creo que se nos está pasando un poco la mano.