Fausto Ortiz | Algunas deudas invisibles
El mayor acreedor con quien se consolida la deuda pública es el IESS
El seguimiento de los atrasos, que forman parte de la deuda pública, resulta por momentos complejo debido a registros inesperados. Uno de ellos se observa al comparar los reportes de noviembre y diciembre de 2024 que cambian sin motivo aparente.
Los atrasos son la suma de los acumulados en ejercicios presupuestarios anteriores y los del presupuesto corriente. Al cierre de 2024, los atrasos totales alcanzaron 5.509 millones de dólares, 47 millones más que un año atrás. El último dato disponible de deuda pública corresponde a noviembre de 2025, cuando los atrasos sumaban 4.406 millones, es decir, 732 millones menos que doce meses antes.
Tomará al menos un par de años regresar a los niveles de atrasos de 2022, cuando eran 3.500 millones de dólares y representaban el 3 % del PIB. El año anterior debió cerrar cerca de los 5.000 millones, algo más del 3,7 % del PIB. De los 2.596 millones de dólares de atrasos de años anteriores, cerca de 1.900 millones corresponden a entidades como el IESS, que deben consolidarse como deuda. A ello se suman 1.200 millones de dólares de atrasos corrientes del presupuesto 2025, incluidos en los 1.808 millones registrados hasta noviembre de ese año.
La tentación de financiarse mediante atrasos es considerable, y más aún si se trata de entidades con las que se consolida la deuda pública. En esos casos, el indicador deuda/PIB no se incrementa. A noviembre de 2025, dicho indicador se ubicaba en 47,75 %, en descenso hacia el 40 % establecido en la Constitución y que leyes recientes permiten alcanzar en 2032.
El mayor acreedor con quien se consolida la deuda pública es el IESS, que solo en bonos de deuda interna mantiene cerca del 10 % del PIB. A ello habrá que añadir su parte correspondiente de los atrasos señalados.
China fue en años anteriores un importante financista público. Llegó a mantener más de 10.000 millones de dólares por cobrar entre deuda y preventa petrolera. Su tasa de interés era inferior a la que el país obtenía en mercados internacionales de bonos, pero el mecanismo de exportación petrolera garantizaba el cobro oportuno. A noviembre de 2025, la deuda con China se redujo a 2.147 millones de dólares, y por la clara orientación geopolítica del actual gobierno es poco probable que ese monto revierta su tendencia declinante.
Desde la pandemia de 2020, el financiamiento giró hacia los multilaterales, que se convirtieron en los principales acreedores, con tasas mucho más bajas que las ofrecidas por el mercado de bonos externos o por China. El mensaje fue claro: financiamiento puente mientras se acomoda el tema fiscal y se retorna al financiamiento tradicional. La última emisión de bonos marcó ese retorno a la realidad: el costo financiero del país, a 13 años, supera el 9 %. Podría bajar si disminuye el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense, si mejoran las condiciones fiscales o si la producción y el precio del petróleo reducen el riesgo país.
Un gerente financiero prudente pediría oxígeno en plazos, no solo dinero en caja o, al menos, asegurar un período de gracia de ocho años para el pago de capital. Como en una partida de ajedrez, el país necesita tiempo para mover sus piezas, no solo más fichas sobre el tablero.
