Ernesto Albán Ricaurte | Justicia en caída libre
Un país no puede brindar seguridad física ni jurídica con un sistema judicial sin titulares
Ecuador ha sufrido duras crisis políticas, económicas y de seguridad. Pero lo que hoy vive la Función Judicial es una crisis integral de conducción, legitimidad, independencia y continuidad. No son episodios aislados: han renunciado autoridades claves del sistema, justo cuando el país más necesita una justicia firme, creíble y blindada frente al crimen organizado.
En la Corte Nacional de Justicia, José Suing renunció al encargo de la Presidencia el 12 de enero de 2026, en medio de la tormenta que le generó haber incluido a Mario Godoy en la terna de designación de presidente del Consejo de la Judicatura. Ese mismo día, Enma Tapia renunció a la presidencia subrogante. Luego, el Pleno designó a Marco Rodríguez presidente encargado. La consecuencia no es menor: la conducción del máximo órgano jurisdiccional queda atrapada, por la normativa vigente, en una lógica de encargos y subrogaciones, con la estabilidad institucional en pausa. En la Fiscalía ocurre algo similar. Diana Salazar renunció el 20 de mayo de 2025 y dejó a Wilson Toainga al frente, en calidad de subrogante/encargado. Toainga renunció el 21 de noviembre de 2025, advirtiendo que la prolongación sin designación definitiva erosionaba la legitimidad. El relevo recayó en Carlos Alarcón. El problema no es de personas, es institucional. La Fiscalía sigue en un régimen de encargo, no de designación definitiva. Y el Consejo de la Judicatura está en el centro del huracán. Su presidente, Mario Godoy, enfrenta cuestionamientos por presuntas presiones desde la Judicatura en un caso vinculado al juez anticorrupción Carlos Serrano y al proceso contra un narcotraficante serbio. Se ha pedido su renuncia y la Asamblea ya activó un juicio político en su contra. Lo grave no es el escándalo: es la normalización que hemos hecho de esto. Un país no puede brindar seguridad física ni jurídica con un sistema judicial sin titulares, sin respetar los períodos de designación y sin controles independientes. La salida exige transparencia total en las designaciones, una depuración real, protección efectiva a jueces que denuncian presiones y un acuerdo mínimo para sacar a la justicia del juego de poder. Ya es hora de que nuestros políticos entiendan que la justicia sostiene al Estado de derecho y que sin jueces independientes la democracia no es viable.