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¿De qué responden Anchundia?

Lo menos que puede hacer la Fiscalía es llamar al liquidador a que dé una versión y entregue los documentos que dice tener

No tengo duda de la responsabilidad política del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, por no haber controlado debidamente a su subordinado, el exintendente de Mercado de Valores Carlos Murillo Cabrera, en el asuntito aquel del levantamiento doloso de la intervención de Ecuagran, producido en septiembre de 2019. La Asamblea debiera destituirlo.

Doy contexto: como expliqué aquí el 13 de agosto, la tal desintervención la firmó Murillo sin tomarse la molestia de explicar siquiera cómo es que Ecuagran, en apenas cinco meses desde que fue intervenida, dizque había “pagado” casi USD 24,5 millones de facturas que había aceptado por compras ficticias hechas a su relacionada Delcorp, que luego fueron enchufadas en el mercado de valores (hoy se sabe que no hubo tal pago: en verdad Delcorp simuló nuevas ventas a su también relacionada Fertisolubles, y las facturas truchas aceptadas por esta fueron también enchufadas en el mercado de valores, en concreto al Isspol). En esencia económica, un mero cambio de un deudor insolvente por otro. Esa desintervención no fue inocente: buscaba que Ecuagran haga poco después una emisión de obligaciones, que fue aprobada por la Superintendencia, y que obviamente hoy está impaga. El círculo del fraude quedó cerrado.

Regreso a Anchundia. Su responsabilidad política es irrefutable por los actos de su subordinado. Pero en entrevista concedida esta semana a la cadena de radio Centro Ecuador (97,7 FM, Quito), el liquidador de Ecuagran, nombrado por el propio Anchundia, dijo algo gravísimo. Afirmó tener pruebas de pagos hechos por Ecuagran (durante su administración privada) a un abogado que “manejaba la Superintendencia de Compañías” y le “daba órdenes a Anchundia para levantar la intervención y emitir obligaciones”.

Esto no puede quedar así. O el liquidador ha injuriado al superintendente, o la responsabilidad de este a más de política es penal. Pero sea lo que fuere, no puede haber impunidad. Lo menos que puede hacer la Fiscalía es llamar al liquidador a que dé una versión y entregue los documentos que dice tener.