Un tercer palazo acaba de recibir en Colombia el sistema corrupto empleado por Odebrecht y sus socios (Corficolombiana, del Grupo Aval) para hacerse del contrato de concesión sobre la Ruta del Sol 2. Ni siquiera es que el “plan” fue muy creativo que digamos: sobornaron con 6.5 millones de dólares a Gabriel García, entonces gerente del Instituto Nacional de Concesiones, para asegurarse la adjudicación del contrato, con el cínico pretexto de que era para que cumpla “con su deber, esto es, por adjudicar de acuerdo con los términos de referencia, y por no dejarse influenciar de grupos rivales para torcer el proceso”.

El primer palazo fue la condena penal al sobornado García. El segundo, llegó a mediados de 2019 cuando un tribunal arbitral declaró la nulidad de ese contrato, precisamente por el soborno: “15... ...en el presente caso se concertaron acuerdos ilegales, se hicieron pagos de coimas y se materializaron un sinnúmero de delitos... ...a tal punto que, el propio Gerente quien adjudicó el Contrato confesó los actos de corrupción y fue condenado por tal hecho punible. Igualmente, es palmario que los hechos que aquejaron la adjudicación fueron propiciados por algunos de los entonces proponentes, hoy socios del Concesionario” (laudo, p. 304).

El tercero provino el pasado 28 de diciembre, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encarga en Colombia de precautelar la libre competencia y de sancionar los actos que la restringen o limitan. Luego de declarar que sobornar a un funcionario para obtener un contrato es claramente un acto que afecta a la libre competencia -por la obviedad de que pone en desigualdad de armas a los rivales- impuso a Odebrecht, a sus socios coludidos y a los personeros de todas esas entidades que participaron o aprobaron el complot, multas que en conjunto ascienden a 86 millones de dólares, es decir más de 13 veces el valor de la coima, monto claramente ejemplarizador y disuasivo para quienes pretendan seguir por el camino torcido de la corrupción.

Buen camino es para las autoridades de competencia regionales.