Provoca, digamos, “ternura”, que el asambleísta Ferdinán Álvarez, del correísmo, justifique el juicio político contra el procurador del Estado por el caso Perenco diciendo que “falló a los ecuatorianos y a la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado” por, según él, haber “anticipado que el Estado ecuatoriano debía pagarle y cumplir con su obligación”.

Si un litigio se pierde y no hay más impugnaciones posibles hay que pagar, por más que pataleen quienes tomaron las decisiones que provocaron que se declare la responsabilidad del Estado, como sucedió precisamente en Perenco, so pena de agregar, a tal responsabilidad, el desprestigio internacional como país incumplido y escapista.

Pero no solo eso.

Es también, en este caso, que ninguna participación real pudo tener el procurador Íñigo Salvador en la supuesta “mala defensa”, tesis que abandera el exministro Diego Borja: “...una erogación totalmente injusta, totalmente producto de una mala defensa del Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría” (Expreso, 14 de junio, 2021).

Veamos las fechas.

Cuando el procurador Salvador se posesionó (mediados de 2018), ya se había expedido, cuatro años antes (septiembre, 2014), el laudo que declaró la obligación de indemnizar a Perenco. Ese laudo dio inicio a la fase en la que solo había que cuantificar la indemnización. Y para abril de 2016 ya las partes habían presentado todos sus alegatos, orales y escritos. Todo eso bajo la administración del anterior procurador, Diego García.

Que el laudo que cuantificó la indemnización a pagar por Ecuador en USD 448 millones (menos USD 54 millones a pagar por Perenco por daños ambientales) haya sido dictado en septiembre de 2019, durante la administración del procurador Salvador, es un claro burdo pretexto de su acusador pues cuando este asumió la Procuraduría ningún giro podía tomar ya la defensa. El adefesio es más obvio si se agrega que fue el doctor Salvador quien obtuvo -en la decisión sobre anulación, del 28 de mayo de 2021- que se rebaje la indemnización de USD 448 a USD 412 millones.

Cortina de humo.