“Golazo” legislativo

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“Golazo” legislativo

Y es ahora -nuevamente- el mismo Departamento de Justicia el que ha puesto luz sobre otra trama de corrupción, ya no dirigida a conseguir contratos, sino a obtener la aprobación de leyes’.

El escándalo Odebrecht, que explosionó a fines de 2016 por las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desveló los mecanismos ocultos y “sofisticados” que usaba la constructora brasilera para pagar sobornos a funcionarios en los países en que operaba, a cambio de contratos. Eso permitió conocer inmensas redes de corrupción en las que estaban enmarañados altísimos cargos gubernamentales, no solo en Ecuador. Y es ahora -nuevamente- el mismo Departamento de Justicia el que ha puesto luz sobre otra trama de corrupción, ya no dirigida a conseguir contratos, sino a obtener la aprobación de leyes.

El 9 de septiembre de este año fue presentada, en una Corte estadounidense, una acusación penal por violación de la ley sobre prácticas de corrupción en el extranjero (conocida como FCPA por sus siglas en inglés), en contra de la línea aérea brasilera GOL, que si bien tiene su sede en Sao Paulo, está sometida a aquella ley por cotizar sus acciones en la bolsa de Nueva York. La acusación, aceptada ese mismo día por GOL en un acuerdo con el Departamento de Justicia, se resume en que pagó, entre 2012 y 2013, coimas por 3,8 millones de dólares a funcionarios brasileros, incluido un legislador, para asegurarse de que sean aprobadas dos reformas tributarias que la beneficiaban (y también beneficiaban al resto de la industria aérea), según se lee en el párrafo 15 del llamado ‘Statement of Facts’ que es parte del referido acuerdo.

Como parte del acuerdo GOL deberá pagar más de 41 millones de dólares en multas, a dividirse entre el Departamento de Justicia, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (que supervisa a las compañías que cotizan en bolsa) y el gobierno de Brasil, que también investigaba el caso.

Pero más allá de las multas, este caso prende alarmas sobre un aspecto que pareciera estar un poco descuidado en países con corrupción generalizada, pues se concentra las investigaciones en la contratación pública y en los sistemas judiciales -donde ha habido corrupción, y mucha- dejando a un lado este tema de las leyes bajo pedido.