Columnas

Concordatos

"nadie tiene que aceptar extorsiones’.

Al grano: 1. El informe para primer debate de la comisión que conoce el proyecto de ley “humanitaria”, corrigió la ingenuidad de que los acuerdos colectivos entre las empresas y sus acreedores (concordatos) se perfeccionen con la casi imposible aceptación del 100 % de los acreedores. Dicho informe propone el 51 % (art. 39). Se les fue la mano; lo usual es 75 %, o a lo sumo 2/3. En todo caso, es un avance.

2. Faltó incluir en el proyecto -y no lo hizo el informe- una clarísima regla general, que prevalezca sobre cualquier ley previa, que permita que todos los acreedores estatales acuerden con las empresas deudoras condiciones especiales de refinanciamiento, por fuera de las restricciones que actualmente las tales leyes previas, o las “políticas internas”, les impongan. Por ejemplo, si el plan de reestructuración de una empresa requiere que los acreedores le concedan cinco años para el pago de las deudas, el SRI debiera poder otorgarlos (de ser viable la empresa) por más que “su ley” hoy solo le permita dar un plazo menor. Sin esto, los funcionarios irán a “negociar” con la negativa a flor de labios, aterrados por posibles sanciones de la Contraloría.

3. El informe pretende -no estaba en el proyecto original- una demagógica e irresponsable “reprogramación” obligatoria de todas las deudas bancarias, que pasarían a ser exigibles solo “a partir de los noventa días de terminado el periodo de estado de excepción por calamidad pública y se podrá diferir a pedido del deudor en hasta 6 meses” (art. 17). Para acceder a este “beneficio” bastaría declarar estar “impedido de efectuar sus actividades o labores como consecuencia del estado de excepción por calamidad pública”. Voy a decirlo claro y fuerte: el dinero que entregan en préstamo los bancos no es de los banqueros. Es de los depositantes. ¿Van también estos sujetos a ordenar que se “reprogramen” los depósitos? ¿Qué parte de que los depósitos se devuelven cobrando los préstamos no entienden?

¿Se requiere de esta ley para enfrentar la realidad? Obvio, sí. Pero nadie tiene que aceptar extorsiones.