Columnas

Calma chicha

'Que se “reformule” financiamientos en curso al sector público, provenientes del Banco Mundial, BID y CAF, para crear un fondo que se dedique a comprar a los bancos préstamos nuevos otorgados a empresas afectadas por el Covid-19’.

El pasado 6 de abril se promulgó en Perú la ley que crea el programa “Reactiva Perú”, para “asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del Covid-19”. Entre sus consideraciones puede leerse que es necesario “adoptar medidas que permitan minimizar la afectación que el estado de emergencia ha causado en la economía de personas naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse ante las restricciones dispuestas... ...y, por otro lado, asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional”.

Reactiva Perú financiará “la reposición de los fondos de capital de trabajo de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios” (art. 1). Se ejecutará mediante el otorgamiento de garantías del gobierno a los préstamos nuevos que, hasta junio de 2020, desembolse el sistema financiero a las empresas, siempre que vayan destinados a cubrir las antedichas necesidades de corto plazo. El monto a financiar (hasta por tres años) no puede superar el “equivalente a un mes de ventas promedio mensual del año 2019” (art. 5.1), según los reportes presentados a la autoridad tributaria. Bajo este programa el gobierno quedó autorizado para emitir garantías, en total, hasta por nueve mil millones de dólares.

El Ecuador no tiene capacidad financiera para emitir similar garantía. Eso no hace imposible, sin embargo, crear un esquema similar al peruano. Pero para que funcione hay que agregarle un componente, ya propuesto desde el 29 de marzo por la superintendenta de Bancos al ministro de Finanzas, sobre el que hay que insistir, no por necios sino por perseverantes: que se “reformule” financiamientos en curso al sector público, provenientes del Banco Mundial, BID y CAF, para crear un fondo que se dedique, entre otras cosas, a comprar a los bancos préstamos nuevos otorgados a empresas afectadas por el Covid-19.

El problema es que ya estamos casi a mediados de abril y, que se sepa al menos, no hay decisión alguna en el equipo económico del gobierno.