Columnas

Banco del Pacífico

A más de absurda e irracional, la reforma de 2011 restringió un derecho fundamental reconocido en la propia Constitución, el de no discriminación...’.

La ley para la defensa de la dolarización autorizó que el Banco del Pacífico sea vendido. No lo nombra, pero dice que las entidades financieras públicas (como la CFN) “que sean titulares de acciones de entidades financieras privadas [el Pacífico] podrán venderlas respetando siempre los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia, a través de bolsa de valores, incluso con la participación de intermediarios de valores autorizados” (nueva Disposición General 24ª del Código Monetario y Financiero).

Toca, pues, al régimen del presidente Lasso, liderar este asunto, que no solo ingresaría recursos al fisco, sino terminaría distorsiones competitivas como aquella que le permite al Pacífico, por ser de propiedad estatal, cobrar créditos por la vía coactiva, prerrogativa que no tiene el resto de los bancos.

Es de recordar, sin embargo -para encontrar la causa- el fracaso del régimen del presidente Moreno en el intento, anunciado hace dos años, de lograr esa venta.

Posiblemente no sea por falta de interés. El problema es que, a buena parte de quienes pudieran tenerlo (grupos económicos de la región), se les cerró la puerta con una absurda reforma a la Constitución, de julio de 2011.

La Constitución de 2008 recogió la antigua prohibición legal que impide a los bancos ser dueños de negocios no financieros (art. 312). Eso está muy bien. Pero la reforma de 2011 la amplió irracionalmente, extendiéndola a los “principales accionistas” de los bancos. Se impide así que gigantes regionales se interesen en el negocio bancario ecuatoriano si es que tienen ya otros negocios no bancarios en el país (hay casos de Perú, México y Chile, p. e.).

A más de absurda e irracional, la reforma de 2011 restringió un derecho fundamental reconocido en la propia Constitución, el de no discriminación, cuestión que ni por reforma constitucional puede hacerse, por ser regresivo de derechos (Constitución, arts. 11, 4º, y 84).

Hay dos vías para quitar la paja del camino. O la demanda de inconstitucionalidad de la reforma. O la consulta popular. Pero hay que vender el Pacífico.