Eduardo Carmigniani | Retenciones arbitrarias
Así, apuntando al bolsillo del servidor público abusivo, posiblemente se la piense bien antes de cometer atropellos
Desde siempre la ley ha permitido, cuando se demanda el pago de los llamados títulos ejecutivos (como un pagaré), que el acreedor pida al juez que antes de citar al demandado ordene medidas cautelares que aseguren el crédito. Entre esas medidas puede haber prohibiciones de enajenar inmuebles o retenciones de cuentas bancarias, hasta por el valor reclamado. El vigente Código de Procesos mantiene expresamente esa línea (Art. 351).
Que en casos como esos se pueda ordenar cautelares sin oir al demandado es bastante lógico. Si se le avisa antes puede esconder los bienes (vaciando las cuentas bancarias, por ejemplo) haciendo inútil cualquier medida. Pero los jueces deben obrar con cautela, no dando paso a peticiones abusivas.
El problema se presenta cuando esas mismas medidas las puede ordenar, como la ley también lo permite, no un juez, sino un servidor de nivel administrativo encargado de coactivar a deudores del Estado o de entidades públicas. Esos servidores, para decirlo en simple, son juez y parte. Y entonces la propensión a abusar se agiganta.
El asambleista John Polanco Lara (ADN, Esmeraldas) refiere inclusive que en las coactivas se realizan retenciones en cuentas bancarias “de forma arbitraria”, y cree que por eso debe reformarse la ley para que esa clase de medidas solo puedan dictarse luego de notificado el deudor -y solo si es que veinte días después no ha pagado o dimitido bienes (proyecto presentado el 14 de octubre de 2025).
Es plausible la preocupación sobre los abusos. Pero la forma planteada para frenarlos resulta harto inconveniente, pues la notificación al coactivado antes de ejecutar cualquier medida cautelar la haría infructuosa, como ya ha quedado explicado. Propongo más bien que, en cualquier caso de retenciones bancarias arbitrarias, el funcionario no judicial que las ordena quede obligado personalmente a indemnizar todos los daños causados, sin necesidad de demandar primero al Estado para que luego este repita.
Así, apuntando al bolsillo del servidor público abusivo, posiblemente se la piense bien antes de cometer atropellos.
