Eduardo Carmigniani | Inaudito peloteo
Han pasado casi dos años y medio de eso y ningún intento de recuperación serio hay, más allá de simulacros
Sigue el peloteo entre los Ministerios de Finanzas (MEF) y Agricultura (MAG), evadiendo empezar a intentar siquiera recuperar los USD 22 millones atracados al Estado por un insólito convenio de dación en pago celebrado el 22 de diciembre de 2023 entre Daniel Falconí Heredia, viceministro de Finanzas, y José Fernando Bucaram Aivas, con el que presurosamente se cumplió una írrita sentencia de ‘habeas data’ “indemnizatorio” dictada por unos jueces de Los Ríos.
El 18 de abril de 2024 la Corte Constitucional (sentencia 180-22-EP/24) dejó sin efecto tanto aquella sentencia como semejante convenio de pago, disponiendo “al Ministerio de Economía y Finanzas que, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Banco Central del Ecuador, de manera inmediata, proceda a recuperar la totalidad de los valores que han sido pagados”. Han pasado casi dos años y medio de eso y ningún intento de recuperación serio hay, más allá de los simulacros propios del paisito. El último es de un descaro inocultable. Veamos:
Con oficio del 6 de septiembre de 2025 la ministra de Finanzas envió a la Constitucional el informe trimestral ordenado por esta, con el que se le debe hacer conocer los avances en el cobro. Ese oficio se limita a adjuntar un memorando del día anterior, del coordinador de asesoría jurídica, que voy a transcribir:
“5. En fecha 29 de mayo de 2025, se mantuvo reunión con funcionarios del MAG, en la que se expuso el borrador del Acuerdo Interministerial mediante el cual se actuaría de forma coordinada en cumplimiento de la sentencia [y en la misma fecha] remitió el borrador de Acuerdo Ministerial, para su correspondiente revisión y emisión de observaciones, de existir”.
“6. En fecha 02 de junio de 2025… …el MAG emitió sus observaciones al acuerdo respectivo, mencionando entre otras, que el MEF es el acreedor en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional, y debe emitir la orden de cobro y el título de crédito, sin depender del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)”.
Y desde ahí, la nada. Pregunta inocente: ¿quién protege a Bucaram Aivas?