El ‘habeas data’ no es instrumento procesal concebido para obtener reparaciones económicas. Según la Constitución es solo un medio para que una persona ejerza su derecho a conocer la existencia de (y acceda a) documentos, archivos, etc., que contengan sus datos personales o de sus bienes, tanto en entidades públicas como en privadas. También para conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, origen, etc. (art. 92).

Pero como en el paisito sobran jueces de bolsillo que estiran como chicle normas y procedimientos, de alguna manera comenzó a hacerse habitual la trapacería de reclamar, mediante los ‘habeas data’, reparaciones de (reales o supuestos) daños, a guisa de la existencia de informaciones erradas en bases de datos, haciendo baipás a los procedimientos judiciales ordinarios.

La Corte Constitucional ya ha puesto coto a semejante tropelía. Con sentencia unánime 132-14-EP/21 del 15 de diciembre de 2021 (ponente: Grijalva), declaró que al resolver una acción de ‘habeas data’ no se puede dictar “medidas de reparación económica tales como indemnizaciones pecuniarias… …pues aquello no corresponde a la esfera de tutela de dicha garantía” (párrafo 80). Y por ello dispuso que el Consejo de la Judicatura analice iniciar las acciones disciplinarias respectivas en contra de los jueces actuantes en el caso.

El ‘ingenio’ de la viveza criolla es porfiado, sin embargo.

Encuentro en el boletín que publica la Corte Constitucional con sus decisiones (edición de mayo de 2023), que su Sala de Admisión admitió a trámite un insólito caso de ‘habeas data’, en el que un juez penal de Quevedo, primero, y la Sala ‘Multicompetente’ de la Corte de Justicia de Los Ríos, luego, ordenaron al Ministerio de Agricultura que rectifique lo que consta en su base de datos desde el año 1985, haciendo constar a una persona como “legítima dueña” de una isla cercana a Guayaquil, en la que operan, hace decenios, multitud de empresas camaroneras, en tierras propias o concesionadas por el Estado. A ese’ habeas data’ desnaturalizado -pues en verdad simula lo que los abogados llaman juicio reivindicatorio (en el que se discute quién es el real propietario de un bien)- jamás fueron llamadas las referidas empresas. Ese reclamo, por temas de hace casi 40 años, está además prescrito.

Si esto no es frenado, y rápidamente, cualquier persona queda expuesta a perder su propiedad de un plumazo, con ‘habeas data’ contra el Registro de la Propiedad por ejemplo, tramitado a sus espaldas.