Eduardo Carmigniani: Cachiporreros fracasados
En 2021 el presidente Lasso reglamentó la Ley de Arbitraje. Desarrolló principios que ya constaban en la Constitución y la ley, poniéndolos a tono con las mejores prácticas internacionales. Pero los cachiporreros antiarbitraje, con múltiples demandas, intentaron tumbar ciertas partes de ese reglamento arguyendo su dizque inconstitucionalidad. Para eso pretendieron hasta que la Corte reescriba (¿evolutivamente?) la Constitución, que ellos mismos habían aprobado en Montecristi. Salieron trasquilados.
Querían, por ejemplo, que el Estado ya no pueda pactar en contratos que las disputas sean llevadas a arbitraje internacional, pese a que la Constitución expresamente dice: “En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado…” (art. 190).
Mas obviando esa norma, sostuvieron la falsedad de que “recién” el reglamento de 2021 estaría “permitiéndolos”, para concluir con otra mentira: que el reglamento violaba una -inexistente- prohibición constitucional -general- para que el Estado pacte arbitrajes internacionales en temas contractuales.
No existe tal prohibición. Montecristi solo llegó a la idiotez de prohibir que el Estado, en tratados internacionales (los de promoción de inversiones), acuerde que disputas contractuales con inversores sean llevadas a arbitraje internacional (art. 422). Pero el art. 422 no impide que el Estado, en un contrato, pacte esa clase de arbitraje.
La Corte rechazó ese intento de entender la Constitución en contra de su claro texto (sentencia 74-21-IN/25, 6 de febrero de 2025, ponente: jueza Andrade). Con todas las letras dijo que “el arbitraje internacional que está siendo reglamentado procede, por un lado, del pacto en un convenio arbitral [de modo que] no se fundamenta en la celebración por parte del Estado ecuatoriano de tratados o instrumentos internacionales” (párrafo 105).
Discusión cerrada. Nada impide que el Estado pacte en sus contratos arbitraje internacional. Basta que el procurador del Estado lo autorice. Como ha sucedido desde 2008.