Ecuador, el país de las represas. No las hidroeléctricas ni las que se ven afectadas por la erosión del río Coca. Sino las de los expedientes. La corrupción campea con y sin voces de alarma.

En algunos casos, nadie vio, nadie detectó. Deleznable. Pero peores son aquellas otras tramas donde hubo auditorías, informes, alertas levantadas -nunca exhaustivas, es verdad- que no despertaron la debida actuación de la autoridad de control para frenarlas o para castigarlas.

Todos los dedos apuntan a la Fiscalía. Hay instituciones que verifican los movimientos de dinero inusuales, otras que revisan el uso de los recursos públicos y otras el cumplimiento o incumplimiento del debido pago de impuestos. La capacidad de impacto de sus denuncias depende directamente de la actuación fiscal, adonde llegan las causas y se encuentran con el represamiento de un ente que, por reserva, por desconfianza o por cualquiera que sea la razón, no da abasto para despachar y procesar todas las investigaciones y casos de corrupción del país. Las irregularidades terminan presionando al Estado como una huelga a la japonesa: hay tantas, se dan al mismo tiempo y se renuevan tan a menudo que resultan inabarcables.