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Violencia contra la mujer: prioridad

Avatar del Diana Acosta

Mi solidaridad con todas las víctimas de violencia, el Estado ecuatoriano en este aspecto nos sigue debiendo

Al posesionarse, el Gobierno tuvo como prioridad la vacunación y lo hizo con éxito; seis meses después el presidente declaró como nueva prioridad nacional la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Poco ha cambiado, cientos de mujeres siguen muriendo en las manos de sus parejas y miles siguen sufriendo algún tipo de violencia. Ecuador es un país peligroso para las mujeres.

El último caso conocido, por haber trascendido públicamente es el de Naomi Arcentales. Los hechos irrefutables de conocimiento público demuestran que ella fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, un funcionario público. Penosamente, en muchos casos, el desenlace de la violencia a la mujer es la muerte de la víctima, ya sea por femicidio o por suicidio, este último como consecuencia fatal, debido a la vida de infierno que sufren y de la que buscan escapar.

Si un hombre es capaz de agredir, sin reparo, en un lugar público a una mujer, imaginémonos de lo que será capaz en privado. Si la pareja de Naomi es un femicida o no será resuelto por la justicia pero, ¿qué pasa con las agresiones físicas y verbales que todos vimos y leímos? ¿Dónde están las políticas públicas anunciadas por el Gobierno para prevenir la violencia contra las mujeres que desemboca en la muerte de muchas?

El Consejo de la Judicatura, para designar jueces y fiscales, dentro del concurso exige como requisito indispensable la valoración psicológica de los aspirantes; no deberían pasar quienes tengan algún cuadro de patología que evidencie algún tipo de violencia contra las mujeres, y sin embargo, allí están. El Gobierno debe empezar valoraciones psicológicas y revisión de antecedentes a todos sus funcionarios. Funcionario público con perfil agresor contra la mujer, debe ser destituido. ¡Empiecen a investigar!

La prioridad del Gobierno en este año debe ser un proyecto de ley que proteja la integridad de las mujeres, que sancione a los agresores con rigor y celeridad.

Mi solidaridad con todas las víctimas de violencia, el Estado ecuatoriano en este aspecto nos sigue debiendo.