Descalabro institucional

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Descalabro institucional

El CPCCS le mete la mano a la Justicia, la Justicia inmiscuyéndose en otra función del Estado, el Ejecutivo apoyando esta barbaridad

Entre las facultades de fiscalización que tiene el Legislativo (art. 131 CRE), consta el enjuiciamiento político a las autoridades del Estado con el fin de que respondan ante el pueblo soberano, en virtud de que tienen responsabilidad política; y su censura, produce su inmediata destitución. De hecho, varios miembros del CPCCS llegaron a sus cargos por la destitución de sus antecesores.

Las medidas cautelares ordenadas por un juez de un lugar ajeno a donde se originó la “supuesta vulneración de derechos”, no deja sin efecto la destitución, pues estas tienen como objeto evitar o cesar, momentáneamente, la presunta violación de un derecho, hasta que la causa se resuelva. Quizás por ello, con cálculos y premeditación, los destituidos devolvieron la terna para la elección del presidente de la Judicatura y así caerles en gracia para que no destituyan al juez acólito que les concedió su medida salvavidas, haciendo tabla rasa de lo dispuesto por la Corte Constitucional al respecto.

Es irresponsable que los defenestrados, apuraditos, pretendan entre gallos y media noche, elegir al superintendente de Bancos, cuando conocen perfectamente el entredicho y limbo legal en el que han caído, provocando que la Asamblea Nacional que los removió no reconozca ninguna de sus actuaciones y por lo tanto pongan a dormir el sueño eterno a todas las posesiones de esta y cuantas otras elecciones ejecuten.

Si todos los funcionarios sujetos a juicio político se ponen creativos interponiendo acciones de protección para eludir su destino y aceptar responsabilidades, estaríamos frente al descalabro de la democracia, pues ello implicaría la intromisión de la Justicia en otras funciones del Estado.

El CPCCS le mete la mano a la Justicia, la Justicia inmiscuyéndose en otra función del Estado, el Ejecutivo apoyando esta barbaridad reconociendo en funciones a los destituidos y la Corte Constitucional haciendo ‘mutis’ por el foro frente a esta francachela de acciones constitucionales en la política ecuatoriana, que lo único que provocan es el descalabro institucional. Vergüenza nacional.