Decretasso
Este ‘Decretasso’ es otro desacierto del Ejecutivo, pues la CGE es el juez natural de cuentas y este decreto pretende tender un manto de blindaje
Los recursos públicos -dinero de todos los ecuatorianos- no pueden de ninguna manera manejarse sin el control de las autoridades, y por ello la Constitución en su art. 297 dispone que “las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a la transparencia, rendición de cuentas y control público”. La Contraloría General del Estado (CGE) es la encargada del control de los recursos estatales (art. 211 CRE) y entre sus funciones está control de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos y determinar responsabilidades administrativas, civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal respecto del mal uso de los dineros de los ecuatorianos (art. 212 CRE).
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que los recursos públicos no pierden su calidad de tales por ser manejados por personas jurídicas de derecho privado (art. 3).
Un reciente ‘Decretasso’ del presidente pretende de manera audaz e inconstitucional, justo previo a la definición del juicio político en su contra, disponer que la CGE no tenga injerencia sobre la banca privada, aunque a través de esta circule y se maneje buena parte de los fondos públicos del Ecuador, fomentando de esta manera el debilitamiento de los controles que, como hemos visto en varios casos de corrupción cometidos por exfuncionarios de este gobierno, es de lo que más adolece la administración pública.
Enhorabuena la Contraloría se pronunció rechazando el imprudente e inoportuno decreto, afirmando que articulará los medios legales correspondientes a fin de hacer prevalecer las disposiciones constitucionales.
Este ‘Decretasso’ es otro desacierto del Ejecutivo, pues la CGE es el juez natural de cuentas y este decreto pretende tender un manto de blindaje con total discrecionalidad sobre los banqueros privados, como si ellos vivieran en una realidad paralela impoluta, libre de malas mañas, sin posibilidades de cometer actos reñidos con la ley y las buenas costumbres.
Esperemos que el Ejecutivo recapacite y reforme lo antes posible semejante metida de pata.