Diana Acosta-Feldman | Zafra en la justicia
Se debe, cuanto antes, aplicar las acciones correctivas de conformidad con el derecho
Lo que ocurre en el Poder Judicial ecuatoriano es devastador y repulsivo: mina la independencia, elimina su objetividad y lo entrega a las mafias.
La denuncia y renuncia del juez anticorrupción PhD Carlos Serrano, como consecuencia de las presiones recibidas por parte de algún “alto funcionario del Consejo de la Judicatura” para “prestar especial atención a la defensa del extranjero”, deben horrorizarnos a todos; sin dejar de mencionar que, pese a las amenazas de muerte, no cuenta con protección policial.
Repugna que un “alto funcionario del Consejo de la Judicatura” presione a un juez para que falle a conveniencia de la parte interesada, esto merece acciones y reacciones urgentes.
No basta con que, por la pública “noticia criminis”, la Fiscalía anuncie que va a iniciar una indagación previa por tráfico de influencias; lo que debe haber es una actuación inmediata para que luego no ocurra como en otros casos que pasan al congelador para dormir el sueño de los justos.
Cuando se llega al punto de presionar a jueces, dejándolos desguarnecidos, aun cuando enfrentan amenazas de muerte, o cuando suspenden a jueces valientes porque no ceden a las presiones de “altos funcionarios de la judicatura”, no queda otra opción, sino que esa judicatura, tal y como está estructurada, desaparezca. Si no tienen la decencia de dar un paso al costado, se debe, cuanto antes, aplicar las acciones correctivas de conformidad con el derecho para reestructurar a ese organismo desde su médula.
Frente a la corrupción que vivimos en la Función Judicial, deben promoverse los actos urgentes y necesarios ante las instancias pertinentes, sean constitucionales o legislativas, para remover a todos los malos elementos de ese consejo que no están a la altura para ejercer con independencia la administración de la función judicial.
Ciertos miembros de la Judicatura no solo incumplen fallos, sino que se arrogan funciones que no les corresponden, lo cual es grave e inconstitucional.
Los hechos están probados. Es hora de aplicar la Constitución y de empezar la zafra en nombre de la justicia.
