Diana Acosta-Feldman | Crisis judicial
Estas movidas inexplicables, producto de decisiones erráticas, terminan de herir de muerte a la justicia
Para nadie es desconocido que la Función Judicial está en crisis, que no da más y quizás por ello, los ‘diligentes’ miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que no sirve para nada y que debería expirar, andan apuraditos y atolondrados por renovar la judicatura.
En lo personal, creo que tanto el Consejo de Participación Ciudadana como el Consejo de la Judicatura no dan más, pues su contaminación es estructural y compromete cada una de sus decisiones.
La administración de la Justicia debe volver a su órgano natural, la Corte Nacional de Justicia, de donde nunca debió salir, pero así estamos en la justicia, como el cangrejo, siempre para atrás.
Una de las gotas que derramó el vaso y que mereció el acertado rechazo del presidente del Colegio de Abogados del Guayas, fue la ‘genialidad’ de cambiar “a jueces de lo Penal a Niñez, de la Niñez a Penal, de lo Laboral a Penal y de lo Penal a Laboral”.
Estos cambios sin análisis técnico-jurídico violan el principio de especialidad, vulneran el derecho a la seguridad jurídica y merman la tutela judicial efectiva, pues no es lo mismo aplicar el principio ‘pro-operario’ que ‘pro-reo’. Sin la especialidad, ¿cómo van a dar garantía a la víctima? No conoce lo mismo el experto en derecho penal que el magíster en derecho laboral. Jueces penalistas resolviendo temas laborales es inconexo.
Al parecer, al Consejo de la Judicatura se le olvidó que la Constitución establece la especialidad de los órganos jurisdiccionales, en especial en materias como la laboral o de la niñez, pues la protección de sus derechos irrenunciables es fundamental. El principio de especialidad también está consagrado en el Código Orgánico de la Función Judicial (art. 11).
Estas movidas inexplicables, producto de decisiones erráticas, terminan de herir de muerte a la justicia y afectan a su administración, pues los procesos se estancan y la celeridad en la justicia fenece.
Por este tipo de desaciertos que perjudican la correcta aplicación de la ley, los usuarios del sistema de justicia coincidimos en que el Consejo de la Judicatura debe desaparecer.