Diana Acosta-Feldman | Antisemitismo
Democracias y ciudadanos tienen derecho a defenderse contra quienes normalizan discursos de odio contra minorías vulnerables
Llevo varios años estudiando al antisemitismo como delito de odio y puedo concluir que el antisemitismo moderno ya no se exhibe públicamente con uniformes nazis ni esvásticas, sino como ciudadanos comunes agazapados en el lenguaje de defensa a los derechos humanos, con supuestos anhelos de justicia social y solidaridad, por lo que ahora es más difícil de identificarlo y combatirlo.
Una impactante estadística de la ADL (Liga Antidifamación), la principal defensora de los derechos judíos en Estados Unidos, revela el escalofriante aumento del 893 % de los incidentes antisemitas en 2024, destacando a Nueva York como el epicentro de esta crisis: el 42 % de esta cifra ocurrió en esta ciudad.
Algunos campos universitarios se han convertido en zonas de guerra cultural, lo que evidencia que el antisemitismo no desaparece: muta y encuentra nuevas formas de escabullirse, adoptando nuevos lenguajes para legitimarse, amenazando a los niños en los autobuses escolares, acosando a los estudiantes universitarios o golpeando a los abuelitos en las calles por usar una kipá.
Nueva York es un símbolo de libertad y acoge a la mayor comunidad judía del mundo; y en las recientes elecciones de medio término acaba de elegir a Zohran Mamdani como su alcalde, un socialista democrático que la comunidad judía observa con cautela por sus declaraciones públicas en contra del Estado de Israel, por “prometer arrestar” al líder y primer ministro Netanyahu y por negarse a condenar la violencia terrorista de Hamás.
No obstante que Mamdani ha prometido “combatir el antisemitismo” y apoyar “a los judíos neoyorquinos”, la ADL ha creado el Monitor Mamdani para vigilar las políticas y nombramientos que puedan afectar los derechos de la comunidad judía en Nueva York.
Quienes creemos en una sociedad libre de odios, hacemos votos para que el discurso conciliador del nuevo alcalde se concrete, pues las democracias y los ciudadanos tienen derecho a defenderse contra quienes normalizan discursos de odio contra las minorías vulnerables, pues la lucha contra el odio es universal y no selectiva.
