Columnas

Diana Acosta: Chanchullos de última hora

Iniciar el juicio político a las autoridades inmiscuidas en los chanchullos de última hora es mandatorio

La lectura es elocuente: “te voy a dejar más jodido el país, para que fracases en solucionarlo”, y como cereza del pastel, chanchullos de última hora con decretos mañosos y acuerdos ministeriales inconstitucionales, para dejar una bomba de tiempo al nuevo gobierno.

Sí, siempre fue ese el estilo del gobierno pasado, hacer todo apuraditos, entre gallos y medianoche, a minutos de dejar sus cargos, sin importarles si las sandeces plasmadas en actos administrativos son inconstitucionales.

Al estéril gobierno pasado no solo hay que revertirle sus decretos de última hora y los nefastos acuerdos ministeriales de la cartera del Trabajo, que pretendió, vía un acuerdo, restringir y vulnerar derechos con acuerdos inconstitucionales y regresivos, irrespetando el principio de irretroactividad laboral y no discriminación; sino que la Asamblea Nacional debe fiscalizar todas las inconstitucionalidades de todos estos chanchullos, cuyo único fin era dejarle a Daniel Noboa un conflicto social y político, y aquello no puede quedar en la impunidad.

Pero esto es solo la punta del iceberg, pues Lasso a horas de dejar el poder suscribió ocho contratos en el sector energético en proyectos que suman 700 millones de dólares, que de seguro tienen cláusulas exorbitantes que perjudicarán económicamente al Estado en caso de terminaciones unilaterales anticipadas.

¿Y el Decreto de Finanzas que solicitaba no firmar nuevos contratos durante la transición? Las responsabilidades políticas, administrativas y penales de todos los firmantes de los contratos de última hora deben ser analizadas por los nuevos titulares de las carteras de Estado.

Iniciar el juicio político a las autoridades inmiscuidas en los chanchullos de última hora es mandatorio, pero más importante es hacer un barrido de todos los contratos firmados a partir de la muerte cruzada, en especial los del sector eléctrico, petrolero, seguros, aduanas, comunicaciones, y se darán cuenta de que en muchos podría existir concusión, cohecho, peculado y hasta enriquecimiento ilícito de los ‘amigos privados’ del gobierno del caso Encuentro.