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Buen augurio

Avatar del Diana Acosta

Más claro no canta un gallo y por ello no puede ser más nefasta la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que vulnera derechos laborales provocando el desempleo de millones de ecuatorianos.

La Sentencia de la Corte Constitucional declaró inconstitucional la palabra “obligatoria” en la compra de renuncias del sector público. Con esto se permite al trabajador decidir su futuro laboral. Esto constituye, sin duda alguna, un buen augurio para las varias acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que afectan negativamente los derechos de los trabajadores.

Como correspondía, los nueve Jueces Constitucionales resolvieron que esa barbaridad de obligar a una persona a renunciar en contra de su voluntad, vulneraba los derechos a la seguridad jurídica y a un trabajo estable.

Con claridad meridiana señaló: “El concepto de Intangibilidad de los Derechos Laborales implica que ninguna ley o decreto puede establecer normas que menoscaben los derechos otorgados a los obreros, lo que es conocido como inderogabilidad ‘in peius’, ya que las normas que conforman los Derechos Laborales sirven como un mínimo para las normas posteriores que solo podrán mejorar dichas condiciones, nunca empeorarlas. Mediante este principio, las condiciones más beneficiosas otorgadas a los trabajadores no pueden ser desmejoradas por la ley ni por la voluntad colectiva o individual, sirven como una base a partir de la cual se busca mejorar las condiciones laborales del trabajador.”

Más claro no canta un gallo y por ello no puede ser más nefasta la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que vulnera derechos laborales provocando el desempleo de millones de ecuatorianos, y a muchos más percibiendo la mitad de su salario, precarizando el trabajo y permitiendo a ciertos empresarios vulnerar sus derechos. ¿Qué trabajador voluntariamente quiere que le bajen su sueldo? Ninguno, por ello la intangibilidad implica que sus derechos no pueden ser alterados ni cambiados en menoscabo de su situación laboral; por lo tanto es ilegal rebajar su remuneración.

Este gobierno de ultraderecha, como siempre lo he dicho y reitero, ha pretendido acabar con los derechos laborales y solo espero que la Corte Constitucional esté a la altura para restituirlos.