Tracy Kajumba | La protección social puede acelerar la acción climática
Casi la mitad de la población mundial carece de redes de protección social
En vísperas de la COP30, que se celebrará en Belém (Brasil), los países están llamados a situar la protección social en el centro de la acción climática y su financiación. Vincular ambos ámbitos es esencial para proteger la dignidad humana, fortalecer la resiliencia comunitaria y optimizar recursos limitados.
En la COP29, las economías desarrolladas se comprometieron a movilizar 300.000 millones de dólares anuales para 2035 como nuevo objetivo de financiación climática. Sin embargo, los países menos adelantados y los pequeños estados insulares consideran la meta imprecisa e insuficiente, dado que la distribución de fondos sigue siendo ineficiente: apenas 0,8% llega a la agricultura en pequeña escala.
La protección social puede revertir esta tendencia. Un estudio de la Iniciativa LIFE-AR (2019) y el sexto informe del IPCC (2023) destacan su eficacia para generar resiliencia climática. Además, una revisión de 23 proyectos del Fondo Verde para el Clima (FVC) y la FAO muestra que integrar los objetivos climáticos en los sistemas de protección social mejora la dirección y el impacto de los fondos.
Existen ejemplos exitosos. En Etiopía, el Programa de Red de Seguridad Productiva asiste a más de ocho millones de personas con transferencias y restauración ambiental. En India, el Plan Mahatma Gandhi de Garantía de Empleo Rural beneficia a más de sesenta millones de hogares mediante proyectos de recolección de agua y reforestación. En Brasil, el programa Bolsa Verde vincula ingresos y conservación, promoviendo el uso sostenible de la tierra.
Entre los proyectos del FVC, destacan el de Paraguay -que ofrece transferencias condicionadas a metas sociales y participación indígena- y el de Botsuana, centrado en la adaptación basada en ecosistemas, con 60% de mujeres participantes.
No obstante, la inclusión sigue siendo limitada: casi la mitad de la población mundial carece de redes de protección social, y sólo tres de los proyectos analizados pertenecen a países de bajos ingresos. Pocos incluyen a personas con discapacidad, jóvenes o migrantes, y menos de la mitad refuerzan sistemas existentes o contemplan mecanismos de aseguramiento.
Los resultados también evidencian desigualdades. Según la FAO, el estrés térmico amplía la brecha de ingresos de género en 37.000 millones de dólares al año, y las inundaciones en 16.000 millones. Pese a considerar la perspectiva de género, ninguno de los proyectos tiene carácter transformador.
Para mejorar, se requiere un cambio estructural en el diseño, financiación e implementación de la protección social: sustituir proyectos aislados y temporales por iniciativas nacionales sostenibles, coordinadas entre ministerios de clima, protección social y gestión de emergencias, e impulsadas desde el nivel local.
El FVC puede liderar este cambio mediante financiación a largo plazo, canjes de deuda por clima y bonos verdes. Sus recientes reformas de acreditación mejoran la transparencia, aunque se necesita más flexibilidad para los países más pobres. Sin embargo, el FVC no puede actuar solo: otros fondos multilaterales deben facilitar el acceso a financiación, y los gobiernos deben incorporar la protección social en sus planes nacionales de adaptación y contribuciones climáticas.
Designada como la ‘COP de la implementación’, la COP30 representa una oportunidad crucial para traducir promesas en resultados y aplicar las lecciones del informe FAO-FVC, ampliando la protección social como pilar de una acción climática verdaderamente inclusiva y resiliente.
