Tracy Kajumba | La protección social puede acelerar la acción climática

En vísperas de la COP30, que se celebrará en Belém (Brasil), los países están llamados a situar la protección social en el centro de la acción climática y su financiación. Vincular ambos ámbitos es esencial para proteger la dignidad humana, fortalecer la resiliencia comunitaria y optimizar recursos limitados.

En la COP29, las economías desarrolladas se comprometieron a movilizar 300.000 millones de dólares anuales para 2035 como nuevo objetivo de financiación climática. Sin embargo, los países menos adelantados y los pequeños estados insulares consideran la meta imprecisa e insuficiente, dado que la distribución de fondos sigue siendo ineficiente: apenas 0,8% llega a la agricultura en pequeña escala.

La protección social puede revertir esta tendencia. Un estudio de la Iniciativa LIFE-AR (2019) y el sexto informe del IPCC (2023) destacan su eficacia para generar resiliencia climática. Además, una revisión de 23 proyectos del Fondo Verde para el Clima (FVC) y la FAO muestra que integrar los objetivos climáticos en los sistemas de protección social mejora la dirección y el impacto de los fondos.

Existen ejemplos exitosos. En Etiopía, el Programa de Red de Seguridad Productiva asiste a más de ocho millones de personas con transferencias y restauración ambiental. En India, el Plan Mahatma Gandhi de Garantía de Empleo Rural beneficia a más de sesenta millones de hogares mediante proyectos de recolección de agua y reforestación. En Brasil, el programa Bolsa Verde vincula ingresos y conservación, promoviendo el uso sostenible de la tierra.

Entre los proyectos del FVC, destacan el de Paraguay -que ofrece transferencias condicionadas a metas sociales y participación indígena- y el de Botsuana, centrado en la adaptación basada en ecosistemas, con 60% de mujeres participantes.

No obstante, la inclusión sigue siendo limitada: casi la mitad de la población mundial carece de redes de protección social, y sólo tres de los proyectos analizados pertenecen a países de bajos ingresos. Pocos incluyen a personas con discapacidad, jóvenes o migrantes, y menos de la mitad refuerzan sistemas existentes o contemplan mecanismos de aseguramiento.

Los resultados también evidencian desigualdades. Según la FAO, el estrés térmico amplía la brecha de ingresos de género en 37.000 millones de dólares al año, y las inundaciones en 16.000 millones. Pese a considerar la perspectiva de género, ninguno de los proyectos tiene carácter transformador.

Para mejorar, se requiere un cambio estructural en el diseño, financiación e implementación de la protección social: sustituir proyectos aislados y temporales por iniciativas nacionales sostenibles, coordinadas entre ministerios de clima, protección social y gestión de emergencias, e impulsadas desde el nivel local.

El FVC puede liderar este cambio mediante financiación a largo plazo, canjes de deuda por clima y bonos verdes. Sus recientes reformas de acreditación mejoran la transparencia, aunque se necesita más flexibilidad para los países más pobres. Sin embargo, el FVC no puede actuar solo: otros fondos multilaterales deben facilitar el acceso a financiación, y los gobiernos deben incorporar la protección social en sus planes nacionales de adaptación y contribuciones climáticas.

Designada como la ‘COP de la implementación’, la COP30 representa una oportunidad crucial para traducir promesas en resultados y aplicar las lecciones del informe FAO-FVC, ampliando la protección social como pilar de una acción climática verdaderamente inclusiva y resiliente.