Aunque mucho se debate sobre el rol apropiado del Gobierno en la sociedad, pocos cuestionarían que la aplicación de la ley cae dentro de la órbita del Estado. Pero los gobiernos, cada vez más, hacen la vista gorda a la aplicación de las leyes contra los delitos más lucrativos del mundo: el fraude, la malversación de fondos, la evasión impositiva, los sobornos y el lavado de dinero cometidos por gente de buen pasar.

En parte, este incumplimiento se puede atribuir a una falta de recursos. Las autoridades encargadas de aplicar la ley muchas veces no están a la altura de las técnicas sofisticadas de los delincuentes de cuello blanco, que se perpetran con la asistencia de abogados y contadores bien remunerados.

Pero el mayor problema es que, cada vez más, los esfuerzos de cumplimiento de la ley no están dirigidos a los delincuentes, sino a los periodistas que intentan descubrir sus delitos.

Consideremos el caso de Wirecard, el procesador de pagos y proveedor de servicios financieros alemán. La empresa, hasta hace poco una predilecta de los inversores, resultó ser uno de los mayores fraudes en la historia de posguerra de Alemania.

En un clásico esquema Ponzi, la compañía dijo haber depositado dinero en el exterior que nunca existió. Como con los escándalos de Enron y Bernie Madoff, los contadores, abogados y reguladores que supuestamente debían salvaguardar la integridad del sistema financiero fueron cómplices. Además de no cumplir en absoluto con su trabajo, apuntaron sus armas contras los periodistas que intentaron exponer el fraude.

Por ejemplo, el regulador financiero de Alemania, BaFin, llegó a presentar una demanda penal en abril de 2019 contra Dan McCrum y Stefania Palma, dos periodistas del Financial Times que investigaban las prácticas y los reportes falsos de Wirecard.

La procuración de Múnich no cerró su investigación contra McCrum y Palma hasta el 3 de septiembre de este año, más de dos meses después de que Wirecard ya había sido forzada a la quiebra y de que su CEO, Markus Braun, ya estaba preso a la espera de una investigación criminal completa.

Aparentemente, la información engañosa que la compañía y sus agentes contratados presentaron ante los reguladores fue considerada más creíble que los informes de los periodistas que trabajaban para una de las publicaciones financieras más respetadas del mundo.

Este no es un caso aislado. Si bien el fraude, la malversación de fondos, la evasión impositiva y el lavado de dinero siguen siendo considerados delitos en la mayoría de los países, su control está declinando a pasos acelerados, y en ningún lugar más que en Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump. Como documenta mi colega John C. Coffee, de la Facultad de Derecho de Columbia, en su nuevo libro Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement, las acciones de aplicación de la ley contra las corporaciones cayeron un 76 % en comparación con la era de Obama, y un 26-30 % en el caso de los delitos de cuello blanco en general. Al ritmo actual, no pasará mucho tiempo para que los delitos financieros sean encubiertos por completo.

Katharina Pistor

Profesora de Derecho Comparativo en la Facultad de Derecho de Columbia, es la autora de ‘The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality’.