César Febres-Cordero Loyola | Electrochoque para los GAD (I)

El día de ayer, el presidente Noboa envió a la Asamblea un proyecto de ley económico urgente para reformar el Cootad. A primera vista, la propuesta del Ejecutivo parece tener sentido (por lo cual se nota la mano del nuevo secretario jurídico). Básicamente, se pretende disciplinar de una vez por todas a los GAD, que en muchas ocasiones llevan años siendo cooptados por mafias antiguas y modernas, pipones y narcos, que como sanguijuelas viven chupándoles la sangre a través de presupuestos con el gasto corriente inflado.

Para hacerlo, el proyecto reformatorio establece que solo los gobiernos autónomos descentralizados que dediquen al menos el setenta por ciento de los egresos no financieros de su presupuesto a la inversión pública seguirán recibiendo las asignaciones que la ley establece hasta ahora (provenientes del 21 % de los ingresos permanentes y 10 % de los no permanentes del Estado central). Para el resto, dichos porcentajes bajarían al 15 % y al 5 %. En cierta forma esto es un refuerzo de lo que la ley ya dispone: que el 70% o más de las transferencias del Gobierno nacional vayan al gasto no permanente (art. 198 del Cootad).

Además, el proyecto le da tiempo a los GAD con un cronograma que les permite llegar primero solo al 60 % del gasto de inversión en 2027 y luego al 65 % en 2028. Sin embargo, esa indulgencia probablemente quede corta.

Primero, porque los GAD se enfrentan a fuerzas temibles que se resistirán a cualquier cambio que los incomode. Muchos recuerdan la reforma municipal que León Febres-Cordero implementó en Guayaquil, pero olvidan que el alcalde porteño contó con el apoyo tanto de una sociedad unida como de un presidente amigable. Esas condiciones ya no existen en ningún lado. Y aunque el presidente Noboa los apoyase, algunos alcaldes y prefectos tendrían que ver nomás hacia Durán, intervenida, para perder toda esperanza.

Segundo, porque incluso si el cambio se llega a dar con éxito, el Estado tendría que emprender otra lucha para asegurar que el dinero público sea bien utilizado: los contratos para obras también han sido captados en diversas partes por mafias que los vacunan o hasta los manejan.