Hemos sido testigos de que asambleístas, alcaldes y prefectas sigan en sus oficinas, recibiendo el sueldo, con grillete -hay algunos que rayan en el cinismo, enorgulleciéndose de llevarlo. Hemos soportado que prófugos de la justicia sean candidatos y hemos oído de jueces que sueltan a delincuentes peligrosos a las calles y mandan a otros a arresto domiciliario, a sabiendas de que van a huir.

Pero sin duda hemos tocado fondo con el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y su intento de convertir la cárcel 4 en una oficina paralela de la Defensoría del Pueblo, desde donde puede destituir a su subrogante, Zaida Rovira, para aferrarse a un cargo para el cual ya no tiene probidad, elemento esencial para un funcionario de tan alto nivel.

Carrión está allí, con prisión preventiva en esta especie de cárcel VIP, porque incumplió el toque de queda y protagonizó un incidente escandaloso y violento; ahí fue detenido por la policía. Lo más grave: ha sido acusado de abuso sexual. Y digo que es grave porque ya fue señalado por violencia doméstica y de género antes de su nombramiento.

Tiene al menos 10 procesos judiciales en su contra. Por si fuera poco, registra un impedimento para laborar en el sector público en el sitio web del Ministerio de Trabajo.

Hay funcionarios de todo rango que manipulan las reglas a su conveniencia y se escudan con total desfachatez en que sus prácticas están amparadas en la ley, y el de Freddy Carrión es el peor ejemplo.

Es agotador y frustrante vivir en el país de “hecha la ley, hecha la trampa”. Puede ser que todas estas cosas que han venido sucediendo se multipliquen dentro del flexible marco de la ley (y veremos cómo el grillete se pone de moda) y que esté permitido despachar desde la cárcel. Pero, ya que estamos en una “nueva era”, tenemos que poner la vara más alta para que todos los funcionarios tengan probidad notoria.

¿Qué estamos haciendo para defendernos de tanta desfachatez? ¿Cuándo empezaremos a demandar, como sociedad, más respeto por los cargos públicos?