Solo esta semana, hemos conocido de dos niños de 3 meses y 3 años asesinados por sus padres, en Azuay y Loja. La semana anterior, supimos de dos niños de 6 y 8 años, torturados, violados y abusados en Naranjal. El niño de este último caso, con quemaduras y daños en el intestino que han requerido más de siete cirugías.

Más allá del pavor que me quita las palabras para calificar estos crímenes, temo por todas las niñas, niños y adolescentes. Porque soportamos un sistema que está haciendo todo para que este horror siga sucediendo. Un sistema impávido, inerte, lento.

Para escribir esta columna, buscamos información en el Ministerio de Inclusión Económica y en la Fiscalía. Nos dijeron que estaban levantando datos, que había que pedirlos formalmente y esperar. O tienen un sigilo inexplicable sobre este tema tan urgente, o no tienen idea de cuántas denuncias de abuso infantil hay en este año y cuántas han sido tramitadas.

¿Cómo pueden actuar las autoridades para proteger a nuestros niños, incluso de sus cuidadores, de ser necesario? ¿A dónde podemos ir si conocemos que hay un niño o una niña en peligro mortal? Considero que nuestros funcionarios no comprenden lo que significa que las niñas y los niños crezcan con esos niveles de violencia. Incapaces de mirar a largo plazo, sacan cada junio su discurso trillado y politiquero de “los niños son el futuro del país” sin ninguna acción concreta para cuidarles la vida, la integridad. ¿De qué clase de futuro les hablan si ni siquiera saben protegerlos en el presente?

Miles de niñas y niños vulnerables son invisibles para esa burocracia. El Estado tiene la responsabilidad enorme de mirar de cerca los casos y darles seguimiento antes de que haya más vidas rotas. Les estamos fallando todos: los vecinos y familiares que callan por miedo o comodidad, los fiscales y jueces que son cómplices de una sociedad podrida que no se inmuta ante la violencia generalizada. Que no aprende de los errores del pasado, que aplaude discursos agresivos, que está abandonando a los niños.