¿Amnistiar qué?
Una cosa es un dirigente social que protesta por sus derechos en el contexto -por ejemplo- de la imposición de un proyecto minero. Otra, un dirigente político que conduce una operación planificada para sembrar miedo en la población, generar caos y derrocar un gobierno. Eso fue lo que sucedió en octubre de 2019: la política se montó en la protesta social y llevó sus tácticas no solo contra el poder sino contra los ciudadanos. Hoy, los mismos actores pretenden hacer algo parecido, camuflándose entre luchadores sociales para ser amnistiados en combo por la Asamblea. Vaya sapada.
La impunidad conlleva un grave peligro. Un evento reciente, sucedido en plena pandemia, lo ilustra. Un año después de las protestas de octubre de 2019, hubo un conflicto laboral en la fábrica Explocen. La fábrica es propiedad del Estado (puntualmente del ISSFA) y se especializa en la fabricación de explosivos para minería. Los empleados de Explocen -por lo delicado de su trabajo- tienen condiciones y beneficios especiales, mejores que el promedio de servidores públicos. Sin embargo, con el patrocinio de varios asambleístas del correísmo, se paralizaron demandando condiciones absurdas. Aprovechando el conflicto, apareció Leonidas Iza y declaró que si el problema no se resolvía, la fábrica sería tomada con fines comunitarios. Así no más, una de las mayores fábricas de explosivos del país, estuvo a punto de caer en manos de los mismos grupos políticos que hoy se camuflan con el activismo social para ser premiados con una amnistía. Imaginemos pues, lo que habría sido octubre de 2019 si esa gente controlaba una fábrica de explosivos. Imaginemos también lo útil que puede ser todo ese material en manos de la minería ilegal.
La protesta social no merece ser condenada. Por eso la Asamblea debe actuar con criterio quirúrgico para distinguir lucha social de delitos contra el Estado y los ciudadanos. Si, por el contrario, se amnistía la sapada y un par de delincuentes obtienen impunidad, estos seguirán actuando como les dé la gana, como ocurrió en el caso de Explocen.
