Carlos Alberto Reyes Salvador | ¿Quién paga la cuenta?

Terminó el paro. Las carreteras se despejan, las ciudades intentan volver a la normalidad y el país vuelve a contar los daños. Pero la pregunta subsiste: ¿quién paga la cuenta? Un paro de 31 días -bajo la doctrina anacrónica esbozada por Leonidas Iza en su panfleto comunista indoamericano de corte mariateguista- demuestra que el poder de intimidación de la Conaie ya no es el de antes. En 2019 y 2021 lograron doblegar a los gobiernos de turno. Hoy, no. Se les cayó la careta. La supuesta ‘lucha popular’ no es más que el disfraz de intereses particulares, la minería ilegal, el contrabando de combustible y la defensa de privilegios construidos sobre la impunidad.

La ignorancia no tiene límites. Mientras el país sufre pérdidas millonarias, destrucción de bienes públicos y privados, y la paralización de sectores enteros, sus dirigentes exigen “respeto”. En una locución tan grotesca como reveladora, Marlon Vargas -presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-, desde una asamblea extraordinaria, exigió, casi por decreto, que el salario básico suba a 650 dólares. Así, sin análisis, sin respaldo técnico, sin noción económica alguna. Pretendiendo legislar desde la tarima, con frases incoherentes, improvisadas, absurdas.

A la par, exigen “no más explotación minera ni petrolera”, pero reclaman que por cada barril extraído se entregue dinero “directamente a las organizaciones”. ¿A cuáles? A las mismas que controlan ellos, naturalmente. Una grandiosa idea: condenar al país a la pobreza mientras se enriquecen en nombre de los pueblos.

“El pueblo amazónico ha decidido”, proclaman. “La Amazonía exige respeto”. Desconocen la noción más elemental de un Estado de Derecho. En su lógica tribal y mesiánica, la legitimidad no proviene del voto ni de la ley, sino de su autoproclamada representación moral del país. Rechazan la consulta popular, rechazan cualquier intento de Constituyente, rechazan todo lo que no puedan controlar.

Dicen estar “junto a los trabajadores”, en defensa del pueblo ecuatoriano. Pero mientras los obreros pierden sus empleos y los transportistas gastan sus ahorros atrapados en los bloqueos, ellos negocian prebendas y buscan impunidad. En el cierre de su ‘levantamiento’, anuncian magnánimamente el despeje de las vías, con el tono condescendiente de quien libera un rehén. Declaran el fin del paro, pero advierten que “se mantendrán vigilantes”, exigiendo la desmilitarización de los territorios, la liberación de los manifestantes detenidos en flagrancia, la reparación a los heridos -víctimas de su propia violencia- y, por supuesto, que no se “criminalice” a sus dirigentes.

¿Y quién paga las cuentas? ¿Quién asume las pérdidas de los pequeños comerciantes, de los transportistas, de las empresas paralizadas, del turismo aniquilado? ¿Quién responde por las ambulancias retenidas, por los productos podridos en los camiones, por los días de clases perdidos? El país entero paga la factura del delirio político de unos pocos que confunden democracia con chantaje y protesta con vandalismo.

No puede haber impunidad. Los responsables deben responder ante la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes se envuelven en la bandera de los pueblos originarios para encubrir el saqueo.