Carlos Alberto Reyes Salvador | Constituyente
La nueva Constitución debe dejar atrás el modelo estatista que ha dominado las últimas décadas...
El país debate sobre la reforma constitucional; ora parcial ora total, de por sí ya es un buen síntoma que exista consenso respecto a la necesidad de un cambio profundo.
Si bien una reforma parcial, vía enmienda, es una alternativa más rápida y menos costosa, las reformas parciales han mostrado ser insuficientes para resolver los problemas estructurales del país. Estos ajustes tienden a ser superficiales, incapaces de atacar las raíces de la ineficiencia estatal, el exceso de burocracia y la falta de competitividad económica. Estas pueden aliviar temporalmente algunos síntomas, pero no corrigen los defectos sistémicos que mantienen al país en una trampa de bajo crecimiento y alta dependencia del Estado.
Por otro lado, a pesar de que la actual conformación de la Asamblea Nacional podría facilitar algunas de estas reformas parciales, dado que ciertos sectores políticos han mostrado apertura a cambios económicos, el verdadero escollo sería la Corte Constitucional, que podría interpretar que reformas profundas requieren necesariamente una consulta popular o una Asamblea Constituyente, limitando la capacidad de los legisladores para avanzar en cambios significativos sin una validación directa del electorado. Esto es particularmente relevante cuando se consideran reformas que impactan las estructuras fundamentales del Estado y los derechos ciudadanos.
El camino hacia una verdadera transformación no pasa por ajustes menores, sino por un cambio profundo que solo puede lograrse a través de una Asamblea Constituyente. Esta vía, aunque más lenta y costosa, ofrece la oportunidad de construir un nuevo marco constitucional que privilegie al ciudadano como individuo, con un enfoque claro en la libertad económica, la defensa de la propiedad privada y un retorno a los principios básicos de separación de poderes.
Este enfoque implica eliminar estructuras que han demostrado ser ineficaces y costosas, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una entidad que, lejos de fortalecer la democracia, ha concentrado poder de manera opaca y ha creado una capa adicional de burocracia innecesaria.
La nueva Constitución debe dejar atrás el modelo estatista que ha dominado las últimas décadas, donde el Estado se asume como proveedor universal de derechos sin exigir responsabilidades a los ciudadanos. Esta visión paternalista es financieramente insostenible, desincentiva la productividad y la innovación, erosionando las bases para un crecimiento económico real.
El país debe avanzar hacia un Estado de derecho genuino, donde el respeto a la propiedad privada, la libre empresa y la competencia sean los pilares del desarrollo. Esto requiere reducir el tamaño del Estado a sus funciones básicas: seguridad, justicia y regulación mínima para garantizar un mercado libre y competitivo.
Una Asamblea Constituyente permitiría reestructurar completamente el Estado, devolver el poder a los ciudadanos y establecer un marco jurídico que promueva la libertad económica y la responsabilidad individual, refundando las bases mismas del contrato social, colocando al individuo como eje central del sistema político y económico, y liberando al país de las cargas estructurales que han limitado su desarrollo durante décadas.