Carlos Alberto Reyes Salvador | Caída del riesgo país y su impacto en la economía
Sería un error interpretar esta mejora como una señal de que los problemas estructurales están resueltos
Durante años, el riesgo país ha sido uno de los termómetros más elocuentes de la economía ecuatoriana. Elevado, volátil e impredecible refleja no solo las fragilidades estructurales del país, sino también una desconfianza creciente por parte de los mercados internacionales frente a nuestra capacidad de cumplir con las obligaciones financieras. Sin embargo, en los últimos meses el país ha sorprendido con una marcada disminución en este indicador.
La caída del riesgo país no es consecuencia del azar, es el reflejo de un conjunto de señales que han devuelto cierta previsibilidad al entorno ecuatoriano. El Gobierno ha sabido proyectar una imagen de orden y gobernabilidad, a pesar de la inseguridad y los múltiples desafíos políticos y económicos.
Los mercados reconocen un giro hacia una disciplina fiscal más estricta. Las reformas tributarias impulsadas en los primeros meses del mandato anterior -aunque criticadas por su énfasis en la recaudación en lugar de la reactivación- han permitido disminuir parte del déficit fiscal, al menos temporalmente. El aumento del IVA y otras contribuciones extraordinarias dan cuenta de un Estado que busca cumplir con sus compromisos y que reafirma su voluntad de honrar la deuda externa.
El fortalecimiento de los vínculos con organismos multilaterales, así como el restablecimiento de relaciones fluidas con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y países aliados como Estados Unidos, ha contribuido a reconstruir la imagen del país como un socio confiable. La firma de convenios y la cooperación técnica son garantías de respaldo internacional.
En el contexto externo, los precios relativamente estables del petróleo y el buen desempeño de exportaciones como el camarón, las flores y el banano, han favorecido la balanza comercial. La dolarización, a pesar de sus limitaciones, se mantiene firme, y el flujo de divisas ha sido suficiente para sostener el sistema sin sobresaltos.
Todo esto ha incidido positivamente en el indicador de riesgo país, lo que impacta directamente en nuestra economía. Menores tasas de interés en los mercados internacionales nos permiten acceder a un financiamiento más barato, lo que alivia la carga fiscal y mejora el perfil crediticio. Mejora también la valoración de los bonos soberanos, lo que se traduce en una mayor confianza de los inversionistas e incentiva la llegada de capitales, promoviendo la inversión extranjera directa.
No obstante, sería un error interpretar esta mejora como una señal de que los problemas estructurales están resueltos. El Estado sigue siendo pesado, ineficiente y altamente dependiente de la recaudación para sostener su funcionamiento. La deuda pública continúa siendo elevada y la economía sigue arrastrando una falta de competitividad crónica, con trabas regulatorias, altos costos laborales y escasa inversión en innovación y tecnología. Los factores políticos y la polarización social siguen latentes y podrían deteriorar rápidamente la imagen positiva que hoy se proyecta.
La reducción del riesgo país no es una garantía de estabilidad duradera. Es una oportunidad que debe ser aprovechada con reformas estructurales de fondo, orientadas a consolidar la dolarización, fomentar la inversión, reducir el tamaño del Estado y aumentar la productividad.
