La situación difícil que confronta el país en estos momentos es una consecuencia de la labor de una asamblea nacional desprestigiada, integrada por miembros descalificados por haber ejecutado actos corruptos

¿O es que acaso no es corrupción el que una legisladora haya dicho a sus partidarios políticos “roben no más, pero no se dejen coger en el robo”?

¿O acaso no es corrupción que hayan legisladores que solicitan diezmos a sus partidarios para conseguirles una “pega”?

Y estos sujetos de la peor laya que integran la Asamblea, de la que se pueden salvar no más de ocho de sus miembros, quieren imponer reglas de juego para pescar a río revuelto.

¡Es el colmo de la desfachatez!

Los asambleístas deben acordarse de que son mandatarios del soberano, y que este es su único mandante.

Perfectamente, de acuerdo con las leyes, el pueblo puede revocarles su mandato pues se cumplen requisitos más que suficientes para ello.

La Asamblea, que es el sitio en donde se deben debatir las leyes con altura, con capacidad jurídica, se ha convertido en una plaza de pueblo, en donde los “honorables” se lanzan injurias entre sí y ofensas de la peor calaña a sus adversarios, con lo que ponen en evidencia su baja estatura moral y cultural.

Frente a esta cruda realidad le corresponde a la ciudadanía jugar su papel para no ser una simple convidada de piedra.

Le debe exigir a los asambleístas que sometan a consideración de todos los sectores los proyectos para que den sus voces de apoyo o de rechazo, y luego de ello, cumplan con su mandato, como sucede en los regímenes democráticos.

Igual es la exigencia para el presidente de la República: debe poner a conocimiento y análisis del pueblo en forma seria todos los proyectos de leyes.

Y el pueblo, por su parte, debe comprender que su destino no lo hacen 137 personas, sino él mismo, con su decisión inquebrantable para tener una vida mejor.