El procedimiento abreviado que consta en el artículo 635 y siguientes del COIP es un procedimiento por el cual un procesado deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. Se trata en definitiva de un reconocimiento expreso que el procesado hace “ libremente “ de ser autor o cómplice del delito que es materia de su procesamiento, lo que tiene como objetivo final que se le rebaje la pena.

Esta suigéneris institución creada por los “sabios” legisladores de la “época ganada” violenta el principio que prohíbe la autoincriminación que no permite que el procesado por sí y ante sí, de pronto acepte haber cometido el delito que se le imputa para de esta manera lograr una rebaja considerable de la pena.

La Constitución de la República vigente en el artículo 77 numeral 7 letra c) dice que nadie podrá declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. El artículo 81 del Código de Procedente Penal vigente hasta antes del COIP decía: “Derecho a no autoincriminación. Se reconoce el derecho de toda persona a no autoincriminarse”.

El caso patético de estos momentos es el del exlegislador Daniel Mendoza, enjuiciado por delito de delincuencia organizada (art. 369 del COIP ), que es sancionado con pena de 7 a 10 años; mas por haberse acogido al procedimiento abreviado se le rebajó la pena a 50 meses y a la reparación integral de la víctima, que en este estado es el pueblo.

Pero lo anecdótico del caso es que el exlegislador Eliseo Azuero, compañero de “aventura” de Mendoza, que juró que era inocente, en cuanto conoció que Mendoza fue agraciado con la pena antes mencionada, de inmediato propuso lo mismo y reconoció ser autor del delito del que dijo que nada sabía…

Para esto sirven estas instituciones penales que favorecen a los victimarios y se olvidan de las víctimas.

Tenemos fe que llegarán a la Asamblea en cualquier momento verdaderos legisladores y no desconocedores de las ciencias jurídicas.