Innecesaria legislación
¿Hay necesidad de una reforma que regule la sucesión en el entorno digital? Ninguna
El país necesita con urgencia reformas legales para combatir la inseguridad, sustituir un anacrónico régimen laboral, mejorar el clima general de inversiones y emprendimiento. Volver al Ecuador, en suma, un destino competitivo para la generación de crecimiento y empleo, mientras se intenta rescatarlo de las garras del crimen organizado. Pero no, cuando la Asamblea no está ocupada en conmemorar la Wayusa Upina, repartir amnistías a delincuentes o darle un golpe mortal a la democracia urdiendo enjuiciamientos espurios, ¿en qué se entretiene? Pues, en estos días, en un novedosísimo proyecto de ley de “Derechos Digitales” (el “Proyecto”).
Al margen de la línea policíaca del Proyecto, y de los nuevos tutores públicos que florecerán como hongos para administrarla, hay que notar que este tipo de iniciativas de legislación parten de un desconocimiento enciclopédico de cómo funciona el Derecho. Ejemplo: el Código Civil vigente, que en materia sucesoria remonta sus normas al primer Código Civil promulgado en Ecuador en 1861, que a su vez las tomó del código francés de 1804, regula la herencia, mediante la cual se transmiten bienes y derechos. Con buena técnica legislativa esta norma, que tiene más de 200 años, está concebida de tal manera que se aplica a derechos sobre cualquier clase de bienes, sea que existan materialmente o no.
¿Hay necesidad de una reforma que regule la sucesión en el entorno digital? Ninguna, y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora, salvo a quienes firman el Proyecto, que faltaba una ley para heredar, por ejemplo, los fondos de cuentas bancarias, que en la actualidad solo existen digitalmente. Tal cual, el Proyecto se ha inventado la institución de la “herencia digital”, aunque a renglón seguido se limita a declarar que se regulará conforme al Código Civil, admitiendo la futilidad de su propia innovación. Y así, ‘mutatis mutandis’, respecto de la igualdad digital, la protección de datos, la educación, la información y comunicación o cualquier otro tema, pues el Proyecto es apenas una mala copia, pero igual de larga y reglamentaria, del capítulo de derechos del bodrio de Montecristi, añadiendo en cada caso el apelativo “digital”. Al aumento parasitario de la burocracia habrá que sumar la inseguridad jurídica, pues el tratamiento de una misma cuestión en varios cuerpos legales conduce siempre a equívocos y contradicciones.
