Ecuador está cosechando la inseguridad sembrada por la narcopolítica desde hace varios lustros. Francisco Huerta ya la denunció en 2011. En retrospectiva, es fácil hallar el hilo conductor de varios episodios que marcaron la pesadilla socialista, como los aportes de las FARC develados tras el ataque en Angostura, donde los capos de esa organización turisteaban a sus anchas; la clausura de la base de Manta, sellada en Montecristi con retórica soberana y patriotera, del estilo hasta la victoria siempre, que deben haber celebrado con tequila en Sinaloa; la valija diplomática con coca líquida; el descabezamiento sistemático de la fuerza pública; el asedio a Quito en 2019, que destruyó un edificio con las pruebas de la corrupción; radares que no se instalan, o duran lo que un perro en misa; nuevos ricos, piscinazos y asociaciones con tufo narco. Esta relación es apenas una muestra de lo públicamente conocido.

En este hilo todo indica que es perro, pues lo parece, ladra, mueve la cola y canina es su mordida. Pero los del Grupo de Puebla, sin ningún pudor, pretenden que se trata de un canario. Probablemente el mismo que le canta al oído a Maduro.

Recuperar un Ecuador de paz es el mayor desafío actual. Si bien en la coyuntura no hay más remedio que una acción contundente de los órganos de seguridad, hay que preguntar si no ha llegado la hora de poner sobre la mesa internacional el debate sobre la legalización de la droga. ¿A quién beneficia su penalización? En la historia de la humanidad el prohibicionismo solo ha servido, en general, para seducir a consumidores -la tentación de lo prohibido-, mientras genera mafias de producción y tráfico, y varias industrias que lucran de una guerra interminable. La historia de la llamada Ley Seca que rigió en Estados Unidos entre 1919 y 1933 es fuente de lecciones que deberían desempolvarse.

La droga se vende porque hay quien la compre, y en este lado de la ecuación la responsabilidad está en los núcleos familiares, donde se gestan los hábitos de vida. La sociedad exige acción de las autoridades y la fuerza pública, con razón; pero también ha contribuido al círculo vicioso, al descargar en las garantías del Estado de bienestar una misión indelegable de la familia. Hoy los Estados están avocados a una guerra sin tregua ni cuartel como resultado de prohibiciones que no deberían haber dictado en primer lugar.