Bernardo Tobar | Tiranillos feudales

Hay unas 600 entidades públicas cuya sangre financiera la aporta el contribuyente, algunas dependientes del Estado central -por usar el mismo equívoco de Montecristi, como si hubiera un Estado paralelo- y otras, de los gobiernos seccionales. Esta constatación es solo la punta del ovillo, pues cada una de estas agencias, juntas, superintendencias, empresas públicas, municipios y otros organismos de nombre impronunciable, tienden a multiplicarse en funciones y funcionarios. Así, el Municipio de Quito ha triplicado su cifra de empleados desde 2009, en relación inversa a sus obras y servicios. El capitalino es un caso agudo de ineficiencia y otros males de marca mayor, pero no por ello deja de ser muestra representativa de un fenómeno común al aparato público.

La solución de fondo no pasa por medir el desempeño de los funcionarios, receta peligrosísima según la métrica que se aplique. Por ejemplo, uno de los indicadores que exhibían los diputados para demostrar su trabajo era el número de leyes que llevaban su firma. El país sufre de incontinencia normativa y lo que menos necesita es más normas, pero ahí está la métrica alimentando la vorágine regulatoria en lugar de contenerla, como advertía Tácito en sus Anales: “Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes”. Amén del impacto en la ética pública, la regulación siempre conlleva nuevas competencias, ergo más funcionarios y más tributos para financiarlos. Y el funcionario, que apenas cuelga el nombramiento en el mural de su ego transmuta en tiranillo feudal con atribuciones insuficientes -complejo inherente al oficio-, termina estirando la intervención a nuevas fronteras. Es un círculo vicioso, un problema que perpetúa sus causas. ¿Salvo la Argentina de Milei y quizás algún otro ejemplo aislado, alguien ha visto que el poder se use para limitarlo, devolviéndole la decisión al ciudadano?

Habría que modificar el diseño del poder y su órbita de intervención a la luz de la libertad, de un enfoque de confianza en el ser humano y reivindicación de su autonomía, hoy secuestrada por un Estado policial, omnipresente, que trata al ciudadano como un incapaz necesitado de tutoría. Mucho podría hacerse por decreto ejecutivo para terminar con un sistema costoso y enrevesado de permisos previos y regulaciones secundarias, uno de los mayores lastres actuales para el crecimiento económico.